La acción de la Fiscalía busca restituir el estado de derecho y proteger el patrimonio estatal.
Por: Staff / La Voz
La Fiscalía General del Estado llevó a cabo el aseguramiento de un inmueble ubicado al interior de la Unidad Deportiva Santiago V. González, correspondiente al Centro de Alto Rendimiento / Albergue Cultural y Deportivo, en cumplimiento de una orden judicial derivada de antecedentes administrativos y legales que acreditan su uso legítimo por parte del Gobierno del Estado, a través del DIF Coahuila.
Esta acción se sustenta en un proceso debidamente documentado que inició el 29 de septiembre de 2025, cuando el DIF Coahuila solicitó formalmente al Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC) el uso permanente del inmueble. Posteriormente, el 21 de octubre de 2025, el INEDEC autorizó y entregó oficialmente el espacio, permitiendo que a partir de noviembre se realizaran trabajos de mantenimiento y rehabilitación.
Durante diciembre de 2025, el inmueble comenzó a operar con programas sociales enfocados en la atención de grupos vulnerables, consolidando su función como espacio de servicio comunitario. Sin embargo, el 26 de febrero de 2026, el Ayuntamiento de Piedras Negras solicitó asumir la operación del Centro de Alto Rendimiento, petición que fue respondida el 4 de marzo por el INEDEC, reiterando que el inmueble se encontraba bajo uso y resguardo del DIF Coahuila.
El 17 de marzo, una representante del municipio, acompañada de elementos de seguridad, acudió al lugar para exigir el desalojo inmediato del personal estatal, mediante actos de intimidación y amenazas del uso de la fuerza pública.
De acuerdo con los elementos recabados, posterior a estos hechos el inmueble fue ocupado sin contar con la posesión legal correspondiente, destinándolo a actividades distintas a las autorizadas. Durante ese periodo se desarrolló un evento deportivo dirigido a personas con discapacidad.
En atención a criterios de sensibilidad social, y con el objetivo de no afectar a los participantes, la ejecución de la orden judicial fue pospuesta deliberadamente, aun cuando ya se contaba con la autorización correspondiente. Una vez que las delegaciones deportivas concluyeron sus actividades y abandonaron el lugar —siendo la última salida programada alrededor de la medianoche—, la Fiscalía procedió a la intervención del inmueble.
El operativo se realizó de manera ordenada, garantizando en todo momento el respeto a los derechos de las personas presentes. Asimismo, se brindó atención a quienes se encontraban en el lugar sin relación con las actividades deportivas, contemplando incluso alternativas de alojamiento, lo que confirma que no existió afectación ni vulneración a terceros.
Cabe destacar que el inmueble fue construido con recursos federales del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional 2014, con una inversión de 29.7 millones de pesos, y equipado con recursos estatales en 2021 por un monto de 2.2 millones de pesos. La obra fue concluida y entregada al INEDEC en mayo de 2022, manteniéndose desde entonces bajo la posesión y administración del Gobierno del Estado.
La intervención de la Fiscalía General del Estado responde al cumplimiento de una orden judicial, a la necesidad de restituir el estado de derecho ante la ocupación irregular de un espacio público, así como a la protección del patrimonio estatal. Asimismo, se privilegió en todo momento la prevención de conflictos y el respeto a la integridad de las personas.
El órgano jurisdiccional correspondiente determinó que existían elementos suficientes para reconocer la posesión previa del DIF Coahuila sobre el inmueble, otorgando sustento legal a las acciones emprendidas.
Los hechos ocurridos el 22 de marzo constituyen una acción legal, medida y responsable, ejecutada con apego a derecho y bajo principios de prudencia y sensibilidad social, garantizando en todo momento la continuidad de actividades, la protección de la población vulnerable y el respeto al orden institucional.