Las acusaciones contra Rubén Rocha han generado un intenso debate político en México, dividiendo a la opinión pública entre quienes apoyan su gestión y quienes exigen justicia.
Por: Staff / La Voz
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Si se hubieran realizado apuestas sobre qué político mexicano estaba confabulado con los cárteles, el favorito podría haber sido Rubén Rocha Moya.
A Rocha, de 76 años, gobernador de Sinaloa, lo han seguido durante mucho tiempo acusaciones de proteger a la organización criminal dominante de su estado, el Cártel de Sinaloa, un prolífico proveedor de fentanilo y despiadado generador de violencia.
Esas acusaciones alcanzaron su punto álgido en 2024, cuando las autoridades estadounidenses arrestaron al cofundador del cártel, quien luego dijo que creía que se dirigía a reunirse con Rocha. Sin embargo, en lugar de investigar, los dirigentes mexicanos se apresuraron a salir en defensa de Rocha. El presidente en ese momento, Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, cerraron filas rápidamente en torno a Rocha en un escenario en Sinaloa. "Vengo a comprometerme, a seguir luchando junto a ustedes", dijo Sheinbaum.
ESA PROMESA ACABA DE COMPLICARSE MUCHO MÁS.
El miércoles, los fiscales estadounidenses hicieron pública una acusación formal que dio fuerza a los años de señalamientos contra Rocha. En ella se describía un panorama de años de connivencia entre el Cártel de Sinaloa, Rocha y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, en el que los líderes del cártel proveían sobornos y votos a cambio de impunidad.
Los cargos detonaron una bomba política en México, han dominado la conversación nacional y han dividido en gran medida al país en dos bandos: los que se alegraron de ver consecuencias por lo que consideraban una corrupción endémica en México y los que se sintieron repugnados por lo que consideraron una intervención ilegal de Estados Unidos.