El diputado Jorge Valdés declara que el propietario de los perros agresores debe asumir responsabilidad legal por el incidente en Saltillo.
Por: Monserrat Rodarte
SALTILLO, COAHUILA.-Tras el ataque que sufrió una corredora mientras realizaba ejercicio en una plaza pública de Saltillo, el diputado local del Partido Verde, Jorge Valdés, exigió que se apliquen sanciones legales contra el propietario de los perros involucrados, más allá de las multas administrativas previstas en la normativa municipal.
El legislador se pronunció luego de que la afectada, identificada como Susana Puente Prado, denunciara públicamente en redes sociales que fue agredida de manera repentina por dos perros, lo que le provocó lesiones físicas y una crisis de pánico que la obligó a suspender su actividad.
Cabe señalar que de acuerdo con el testimonio de la corredora, el dueño de los animales minimizó lo ocurrido y no asumió responsabilidad por la agresión, situación que fue señalada por el diputado como una falta grave de compromiso por parte de los propietarios de mascotas.
Valdés recordó que el reglamento municipal establece que los perros deben ser paseados con correa y pechera, y que el incumplimiento de esta disposición puede derivar en multas que van de uno a 200 salarios mínimos, equivalentes a hasta 63 mil 500 pesos.
No obstante, subrayó que cuando un animal causa daño a una persona, el propietario debe enfrentar consecuencias legales por las lesiones ocasionadas y por no haber actuado de manera adecuada durante el incidente. Afirmó que, al tratarse de un ser sintiente, la responsabilidad recae directamente en quien está a su cargo.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado ha informado que aún no se ha presentado una denuncia formal por parte de la afectada. Asimismo, precisó que actualmente la legislación estatal no contempla un delito específico que establezca responsabilidad penal para los dueños de perros que ataquen o lesionen a una persona.
La dependencia aclaró que únicamente podría configurarse un delito penal si se tratara de un perro entrenado para atacar y que actuara bajo órdenes de su propietario; en otros casos, el proceso legal se mantiene en el ámbito civil o administrativo.