Los choferes de tráileres han calificado las condiciones de espera como inhumanas, sin acceso a servicios básicos durante largas horas.
Por: Carlos Macias
SABINAS, COAH.- Los transportistas de carbón que abastecen a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) continúan enfrentando largas jornadas de espera en los patios de la planta Carbón II, donde se reportan demoras de hasta 18 horas para poder descargar el mineral.
A pesar de la gravedad de la situación, ninguna organización de productores de carbón ha emitido pronunciamientos públicos en defensa de los operadores, quienes aseguran que las condiciones de trabajo se han vuelto cada vez más complicadas.
El problema se arrastra desde el inicio de las entregas, tras la firma de contratos en el último trimestre de 2025. Desde entonces, los operadores de tráileres quinta rueda han señalado que el ritmo de recepción del carbón es demasiado lento, lo que genera acumulación de unidades y un desgaste físico y económico para quienes participan en la cadena de suministro.
Los choferes afirman que la espera no sería tan grave si se les permitiera moverse libremente, sin embargo, la CFE mantiene restricciones estrictas: no pueden abandonar su lugar en la fila, no se les proporcionan baños y tampoco se les permite salir a comprar alimentos. Estas condiciones han sido calificadas por los transportistas como inhumanas, pues además de la fatiga laboral, deben soportar la falta de servicios básicos durante las largas horas de espera.
En declaraciones recientes, Bogar Montemayor Garza, presidente de la Unión Mexicana de Productores de Carbón, aseguró que se había establecido comunicación con la CFE para tratar el tema a finales de diciembre. No obstante, a la fecha no se han registrado avances significativos y las condiciones permanecen sin cambios, lo que ha generado molestia entre los trabajadores y empresarios del sector.
Algunos transportistas han advertido que, de no modificarse la situación, podrían suspender temporalmente las entregas hasta que se garantice un trato digno y se regularicen los pagos por el servicio. La incertidumbre crece entre los operadores y las empresas, quienes consideran que la falta de respuesta institucional pone en riesgo la continuidad de la cadena de suministro y la estabilidad económica de cientos de familias en la región carbonífera.