La Ley para la Regulación de Establecimientos Privados para la Atención a las Adicciones busca garantizar el funcionamiento adecuado de los centros de rehabilitación en Coahuila.
Por: Carlos Macias
SABINAS, COAH.- El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, Diego Garduño Guzmán, informó que se iniciaron los trabajos de coordinación con la Secretaría de Salud y la Jurisdicción Sanitaria para implementar la nueva legislación estatal que regula el funcionamiento de los centros de rehabilitación para personas con adicciones, conocidos comúnmente como anexos.
El funcionario precisó que se trata de la Ley para la Regulación de Establecimientos Privados para la Atención a las Adicciones del Estado de Coahuila de Zaragoza, aprobada el pasado 6 de enero de 2026, cuyo propósito es fortalecer la supervisión y garantizar que estos espacios operen bajo lineamientos legales y sanitarios establecidos por las autoridades correspondientes.
Garduño Guzmán explicó que uno de los principales objetivos es fortalecer la comunicación entre las dependencias estatales y los responsables de los centros de rehabilitación, a fin de mantener un control actualizado sobre los establecimientos que operan en la Región Carbonífera. Indicó que ya se solicitó información oficial para conocer cuántos centros se encuentran en funcionamiento y verificar que cuenten con su documentación, registros y procedimientos administrativos en regla.
Asimismo, detalló que la nueva normativa contempla la obligación de informar al Ministerio Público sobre ingresos o situaciones consideradas relevantes dentro de estos establecimientos. Por ello, adelantó que se buscará sostener reuniones con los encargados y padrinos de los anexos para establecer mecanismos claros de comunicación y agilizar los procedimientos relacionados con la atención y supervisión de los internos.
En relación con posibles centros que pudieran operar fuera de la ley, el delegado señaló que primero se trabajará con la información oficial proporcionada por la Secretaría de Salud y la Jurisdicción Sanitaria antes de iniciar cualquier investigación. Reiteró que la prioridad será verificar la situación legal de cada establecimiento y garantizar que todos cumplan con la legislación vigente, con el objetivo de brindar una atención adecuada y segura a las personas que enfrentan problemas de adicciones.