Reforma legal propuesta por diputados busca brindar certeza jurídica a empresas que necesitan trasladar combustible para sus operaciones.
Por: Hilda Sevilla
SALTILLO, COAH.- Los diputados federales Marcelo Torres Cofiño, del Partido Acción Nacional, y Jericó Abramo Masso, del PRI, presentaron una iniciativa en la Cámara de Diputados con el objetivo de evitar que empresas formales sean tratadas como delincuentes al trasladar combustible destinado al funcionamiento de su propia maquinaria en obras o actividades productivas.
De acuerdo con los legisladores, actualmente constructoras, agricultores, mineras y otras compañías pueden enfrentar aseguramientos de combustible, suspensión de trabajos e incluso procesos penales, aun cuando el combustible haya sido adquirido legalmente y sea utilizado únicamente para autoconsumo.
Torres Cofiño señaló que si bien el combate al robo de combustibles es necesario, no se debe criminalizar a quienes operan dentro de la legalidad. "Combatir el huachicol es correcto, pero criminalizar a empresas que compran combustible legalmente es un absurdo", expresó.
¿Qué propone la iniciativa?El problema, explicó, radica en un vacío legal que no establece una diferencia clara entre el transporte comercial de combustibles y el traslado incidental que realizan las empresas para abastecer maquinaria utilizada en obras o actividades productivas.
Por ello, la iniciativa plantea reformas a la Ley del Sector Hidrocarburos y a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, con el fin de establecer reglas más precisas que permitan distinguir entre una actividad ilícita y una operación necesaria para el desarrollo de proyectos productivos.
Detalles de la propuestaEntre las principales propuestas se encuentra el reconocimiento legal del traslado de combustibles para autoconsumo en obras, la creación de un Registro Simplificado de Autoconsumo, así como la obligación de contar con facturas y bitácoras que documenten el manejo del combustible.
Además, se plantea evitar aseguramientos o sanciones cuando las empresas puedan demostrar el origen legal del combustible y su destino para actividades productivas.
Los legisladores explicaron que esta situación suele presentarse, por ejemplo, cuando una empresa que construye una carretera en una zona donde no existen estaciones de servicio debe transportar diésel para operar excavadoras u otro tipo de maquinaria pesada. En la actualidad, ese traslado puede ser interpretado como transporte ilegal de combustible.
Impacto en la inversión y el crecimiento económicoLa propuesta busca establecer una distinción clara entre el delito de robo o comercialización ilegal de combustibles y el traslado necesario para el funcionamiento de maquinaria en proyectos productivos.
Finalmente, Torres Cofiño subrayó que brindar certeza jurídica a las empresas es fundamental para impulsar la inversión y el crecimiento económico, al tiempo que se mantiene firme el combate al mercado ilegal de combustibles. "La ley debe perseguir al huachicol, no a quienes generan empleo", concluyó.