La diputada Magaly Hernández advierte sobre la falta de lineamientos claros para la restricción de celulares en escuelas de Coahuila.
Por: Marco Juarez
SALTILLO, COAH.- La falta de lineamientos para aplicar la restricción de teléfonos celulares en las escuelas de Coahuila mantiene en incertidumbre a los docentes, quienes aún desconocen qué sanciones podrán imponer a los alumnos que incumplan la medida y quién responderá por los dispositivos bajo resguardo.
La diputada local Magaly Hernández llamó a las autoridades educativas a establecer, antes del 3 de noviembre, reglas claras en coordinación con maestras, maestros y directivos, ante la entrada en vigor del decreto.
La legisladora advirtió que la ausencia de un protocolo puede generar conflictos con madres y padres de familia, además de exponer al personal docente a reclamaciones o posibles procedimientos legales por retirar los teléfonos sin contar con criterios definidos.
Hernández respaldó el decreto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para promover entornos digitales más seguros para niñas, niños y adolescentes, pero insistió en que su aplicación debe acompañarse de respaldo institucional para los trabajadores de la educación.
"Nosotros no podemos dejarle la responsabilidad a los docentes", sostuvo.
La diputada explicó que, de acuerdo con los testimonios de docentes, retirar un celular durante la jornada escolar no garantiza que el estudiante deje de llevarlo al plantel.
Señaló que, cuando los maestros encuentran un dispositivo, deben determinar cómo proceder, pero no cuentan con reglas claras sobre las consecuencias para quienes incumplen la restricción o esconden sus teléfonos.
"Hoy en día, si yo le quito el celular al alumno, yo se lo tengo que entregar a la hora de la salida. Pero al siguiente día, como no hay una sanción, no hay una consecuencia, ellos lo vuelven a hacer", expuso.
Por ello, pidió establecer procedimientos específicos para determinar qué hacer cuando un estudiante se niegue a entregar el equipo y cuáles serán las medidas aplicables en cada caso.
Otro de los problemas señalados por Hernández es la responsabilidad que podrían asumir los docentes si los dispositivos se pierden o resultan dañados mientras permanecen bajo resguardo de la escuela.
La legisladora planteó que, si se determina recoger los teléfonos al inicio de las clases, las autoridades deben establecer cómo se almacenarán y quién responderá ante cualquier incidente.
Advirtió que los maestros temen enfrentar reclamos de las familias o posibles procedimientos ante organismos de derechos humanos si retiran los dispositivos sin contar con lineamientos que respalden sus decisiones.
Ante este escenario, insistió en que las autoridades deben emitir un protocolo oficial que brinde certeza al personal educativo y evite que cada plantel resuelva por su cuenta cómo aplicar la restricción.
La medida está prevista para entrar en vigor el 3 de noviembre, por lo que Hernández urgió a las autoridades educativas a definir los procedimientos antes de esa fecha.
Indicó que, hasta donde tiene conocimiento, los docentes con quienes mantiene contacto todavía no habían recibido instrucciones claras sobre las sanciones que deberán aplicar. También señaló que algunos supervisores escolares han buscado orientación ante las situaciones registradas durante los intentos de implementar la restricción.
La diputada pidió que las autoridades trabajen junto con el magisterio para establecer los lineamientos y evitar que toda la responsabilidad recaiga en los maestros.
Asimismo, sostuvo que la protección de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos digitales debe incluir acciones de prevención, orientación y participación de las familias y de toda la comunidad educativa.