La reforma federal respalda las restricciones para quienes incumplen obligaciones alimentarias o tienen antecedentes de violencia.
Por: Hilda Sevilla
SALTILLO, COAH.- La creación y publicación del registro de deudores alimentarios representó una acción afirmativa impulsada inicialmente por el Poder Judicial en Coahuila para fortalecer la transparencia y garantizar que personas con antecedentes de incumplimiento en sus obligaciones familiares o violencia no accedan a cargos públicos, señalaron autoridades estatales.
Así lo afirmó el Presidente Magistrado del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, quien destacó estas acciones en la entidad en protección a los menores de edad.
Acciones de la autoridadEsta medida, que posteriormente fue retomada a nivel nacional, contempla sanciones para quienes hayan incumplido con el pago de pensión alimentaria o cuenten con antecedentes de violencia física o psicológica contra mujeres. Entre las consecuencias, expresó Mery Ayup, se encuentra la posibilidad de perder el derecho a tramitar documentos oficiales como el pasaporte o incluso quedar impedidos para contender por un cargo de elección popular.
De acuerdo con el Presidente Magistrado, estas disposiciones buscan asegurar la congruencia entre la conducta personal y la responsabilidad pública de quienes aspiran a desempeñar funciones gubernamentales. "Habla de la congruencia que debe tener una persona en su desempeño, no se puede separar la conducta personal del ejercicio de una responsabilidad pública", insistió.
Detalles confirmadosAsimismo, Mery Ayup recordó que estas restricciones ya tienen sustento constitucional tras una reforma federal que incorporó nuevos supuestos que impiden el registro de candidaturas, entre ellos el incumplimiento de obligaciones alimentarias o antecedentes de violencia, lo que aplica en todo el país.
En el caso de Coahuila, resaltó que la entidad fue pionera al sumarse al acuerdo conocido como "8 de 8", firmado en coordinación con el Instituto Electoral de Coahuila y el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual busca reforzar los mecanismos para evitar que personas con antecedentes de violencia o incumplimiento legal accedan a cargos públicos.
Impacto en la comunidadSin embargo, advirtió que, en muchos casos, estos mecanismos continúan dependiendo en parte de la voluntad de las instituciones y de los propios aspirantes, por lo que es fundamental que las autoridades electorales verifiquen de manera efectiva los antecedentes de quienes buscan contender. Finalmente, el Presidente Magistrado señaló que mientras no exista una aplicación rigurosa y sistemática de estas disposiciones en todos los estados, existe el riesgo de que personas con antecedentes negativos logren acceder a cargos públicos, por lo que se hizo un llamado a los institutos electorales a consultar de manera obligatoria los registros del Poder Judicial, tanto locales como federales, para garantizar procesos electorales transparentes y responsables.