Aclara Administrador Fiscal de Coahuila.
Por: Hilda Sevilla
SALTILLO, COAH.- Desde el año 2021, Coahuila ha recaudado 160 millones de pesos por concepto de derechos de control vehicular relacionados con la regularización de vehículos importados, conocidos popularmente como autos chocolate, según informó Ernesto Prado, Administrador Fiscal del Estado.
Prado destacó que este proceso comienza a nivel federal a través del Registro Público Vehicular (REPUVE). "Primero pasan por REPUVE, y una vez ahí, continúan con nosotros para obtener las placas y cumplir con los requisitos legales establecidos", explicó.
El funcionario subrayó que uno de los principales puntos de confusión para los propietarios de estos vehículos es la fecha límite del decreto federal que regula su ingreso al país.
"Hay personas que llegan molestas porque no les otorgamos las placas, pero esto ocurre porque sus vehículos cruzaron hacia México después del 19 de octubre de 2021, fecha estipulada en el decreto para ser elegibles", señaló Prado.
Aunque el decreto se extendió por dos años más, la fecha de ingreso al país no cambió, lo que genera complicaciones para quienes desconocen esta condición: "Es importante que los ciudadanos, antes de adquirir un vehículo usado o de exportación, verifiquen que haya ingresado al país antes de esa fecha en 2021", añadió.
El Administrador Fiscal también mencionó que a los vehículos que cumplen con los requisitos se les otorgan las placas correspondientes, contribuyendo a la legalidad y seguridad del estado; sin embargo, explicó que algunos propietarios que regularizan en otros estados como Tamaulipas, Chihuahua o Durango deben cumplir con requisitos adicionales para circular en Coahuila sin problemas.
Respecto al comercio ilegal de autos americanos, Prado destacó que este sector ha sido afectado por las medidas de seguridad implementadas en el estado: "Ya no es negocio para muchos vendedores, porque no logran completar los trámites necesarios y sus clientes no pueden obtener placas", indicó.
Finalmente, comentó que la responsabilidad de determinar el destino de vehículos que ingresan de forma ilegal y que no pueden regularizarse, recae en las aduanas fronterizas, las cuales deciden si son devueltos o incautados.