El presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Mery Ayup, propone un análisis de las sanciones a adolescentes por delitos graves, como el homicidio doloso.
Por: Hilda Sevilla
SALTILLO, Coah. - El presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Mery Ayup, propondrá un análisis a fondo de las sanciones impuestas a adolescentes que cometen delitos graves, particularmente homicidio doloso, al considerar que las penas actuales podrían ser insuficientes ante la gravedad de estos crímenes.
El planteamiento surge en el contexto del caso de Darleth Saraí, una niña de un año y medio que presuntamente murió a causa de una hemorragia cerebral derivada de un traumatismo craneoencefálico severo. Por estos hechos se señala a su madre, de 17 años, y a su padrastro, de 16.
Mery Ayup explicó que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece un máximo de cinco años de internamiento para determinados supuestos, por lo que consideró necesario examinar el marco legal ante los casos de violencia en los que participan menores de 18 años.
El magistrado señaló que existe una diferencia importante entre las sanciones aplicables a un adolescente que está próximo a cumplir la mayoría de edad y las que puede recibir una persona que ya cumplió 18 años, incluso cuando ambos cometen delitos de la misma gravedad. Como ejemplo, expuso que un menor que comete homicidio doloso puede recibir una sanción de hasta cinco años de internamiento, mientras que un adulto responsable del mismo delito podría enfrentar una condena de 40, 50 o hasta 60 años de prisión, según las circunstancias del caso y las disposiciones aplicables.
"Por un día puede cambiar el destino de cinco años o 60 o 50 años", expresó el presidente del Poder Judicial, al referirse a la diferencia entre ambos regímenes de justicia.
Reconoció que el sistema especializado para adolescentes tiene como finalidad favorecer la reintegración social mediante tratamientos y mecanismos adecuados a su edad. No obstante, sostuvo que este objetivo debe ser compatible con una revisión de las sanciones previstas para conductas de especial gravedad. "Voy a presentar y proponer un estudio a fondo de por qué las penas quizá en adolescentes tendrían que aumentar, sin quitar de vista que estamos obligados a reintegrarlos a la sociedad", afirmó.
El magistrado también consideró que los recientes episodios de violencia juvenil registrados en Coahuila hacen necesario examinar las condiciones familiares y sociales que pueden incidir en el comportamiento de los adolescentes. Entre los factores de riesgo mencionó los conflictos de convivencia en el hogar, el consumo de drogas y alcohol, así como la influencia de las redes sociales en jóvenes que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
Finalmente, señaló que cualquier eventual modificación legal deberá procurar un equilibrio entre sanciones más severas para los delitos graves y la posibilidad de rehabilitación y reinserción social de los adolescentes que cometan conductas delictivas.