La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que no protegerá a funcionarios si hay pruebas sólidas en su contra.
Por: Staff / La Voz
La tensión entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y cooperación judicial aumentó luego de que el gobierno del presidente Donald Trump intensificó la presión para que autoridades mexicanas actúen contra funcionarios y exfuncionarios presuntamente vinculados al Cártel de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que Estados Unidos no ha concretado ninguna de las 269 solicitudes de extradición presentadas por México desde 2018, incluyendo casos considerados prioritarios por la Fiscalía General de la República (FGR).
EEUU presiona por investigaciones relacionadas con el Cártel de SinaloaDe acuerdo con reportes de Reuters y El País, autoridades estadounidenses mantienen abiertas investigaciones y acusaciones relacionadas con presuntos vínculos entre funcionarios sinaloenses y estructuras del narcotráfico.
Según esas versiones, el Departamento de Justicia de Estados Unidos habría presentado señalamientos contra Rocha Moya y otros perfiles políticos de Sinaloa por presunta colaboración con organizaciones criminales, protección política y posibles sobornos relacionados con el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
Las investigaciones también incluirían solicitudes de detención provisional con fines de extradición contra al menos 10 personas relacionadas con el caso.
La Fiscalía General de la República confirmó previamente que solicitó información adicional y pruebas antes de avanzar en cualquier procedimiento judicial.
Sheinbaum exige pruebas y rechaza actuar solo con acusacionesLa presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no protegerá a ningún funcionario si existen pruebas sólidas, pero subrayó que México no actuará únicamente con base en acusaciones sin respaldo judicial suficiente.
Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria defendió la necesidad de mantener una cooperación bilateral basada en reciprocidad y respeto a los procesos legales de ambos países.
UIF congela cuentas de manera preventivaMientras continúan las investigaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aplicó medidas preventivas sobre cuentas bancarias vinculadas a personas señaladas en las acusaciones estadounidenses.
Sheinbaum explicó que el congelamiento ocurrió como parte de mecanismos automáticos derivados de alertas financieras internacionales y no necesariamente porque exista una investigación directa de la UIF contra Rocha Moya.
De acuerdo con reportes periodísticos, instituciones financieras mexicanas también iniciaron revisiones internas relacionadas con operaciones bancarias y protocolos antilavado vinculados al entorno político y financiero cercano al gobernador con licencia.
México reclama extradiciones pendientes desde 2018En medio de la presión estadounidense, Sheinbaum reabrió el debate sobre la cooperación judicial entre ambos países al señalar que Washington mantiene sin resolver cientos de solicitudes mexicanas de extradición.
Entre los casos mencionados por la presidenta destaca el del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, investigado por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada, lavado de dinero y operaciones financieras ilícitas.
También mencionó al empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, señalado por autoridades mexicanas por presuntas operaciones de facturación ilegal y lavado de recursos.
"¿Qué pide siempre México? Nosotros reciprocidad", declaró Sheinbaum.
Cancillería detalla situación de las solicitudesEl secretario para América del Norte de la Cancillería mexicana, Roberto Velasco, informó que de las 269 solicitudes presentadas por México desde enero de 2018:
36 fueron rechazadas.
233 continúan pendientes.
183 corresponden a solicitudes formales de extradición.
50 son peticiones de detención provisional.
Además, explicó que Estados Unidos solicitó información adicional en 47 de las 50 solicitudes de detención provisional enviadas por México.
El caso genera presión política en MorenaEl caso Rocha Moya también comenzó a generar tensiones internas dentro de Morena y preocupación rumbo a futuros procesos electorales.
Reportes recientes señalan que algunos dirigentes y operadores políticos del partido comenzaron a tomar distancia pública del gobernador con licencia ante el impacto mediático y judicial de las investigaciones.
Al mismo tiempo, el tema ha reactivado el debate sobre soberanía nacional, cooperación judicial y el nivel de influencia de Washington en los procesos políticos y de seguridad en México.
Mientras tanto, el gobierno mexicano mantiene una postura dual: asegurar que no habrá protección política si existen pruebas contundentes, pero exigir que Estados Unidos entregue evidencia concreta y responda también a las solicitudes de extradición pendientes desde hace años.