El respaldo popular a la propuesta de Bukele refleja la división en la sociedad salvadoreña sobre la seguridad y la justicia.
Por: Staff / La Voz
SAN SALVADOR — El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presentó este viernes una ambiciosa y controvertida propuesta de reforma legal que busca instaurar la cadena perpetua para menores de edad que cometan delitos graves, como homicidios y extorsiones vinculadas a estructuras criminales. La iniciativa, enviada a la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista, pretende endurecer aún más el sistema de justicia penal juvenil del país, eliminando los límites de internamiento que actualmente protegen a los adolescentes bajo marcos de reinserción social.
La propuesta de Nayib Bukele sobre la cadena perpetua para menores surge como una extensión de su política de "mano dura" que ha caracterizado su gestión en la lucha contra las pandillas. Según el mandatario salvadoreño, el sistema legal debe adaptarse a la realidad de que muchos crímenes atroces son ejecutados por jóvenes reclutados por las maras, quienes, amparados en las leyes actuales, reciben penas máximas de entre 10 y 20 años de prisión. Para Bukele, la severidad del castigo debe ser proporcional a la gravedad del acto, sin que la edad del perpetrador sea un atenuante que permita su libertad a mediano plazo.
Reacciones a la propuesta de BukeleEl anuncio ha provocado una reacción inmediata de organizaciones internacionales de derechos humanos y organismos de las Naciones Unidas, quienes advierten que la cadena perpetua para menores de edad contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados internacionales ratificados por El Salvador. Los críticos señalan que la justicia juvenil debe enfocarse en la rehabilitación y que el encarcelamiento de por vida para adolescentes cierra cualquier posibilidad de reforma, vulnerando los principios básicos de protección a la infancia y la adolescencia.
Apoyo popular y consecuencias internasEn el ámbito interno, la propuesta de Bukele cuenta con un amplio respaldo popular, reflejado en las encuestas que favorecen las medidas drásticas de seguridad implementadas bajo el régimen de excepción. Los legisladores del partido Nuevas Ideas han manifestado su disposición para aprobar la reforma en tiempo récord, argumentando que el Estado tiene la obligación de garantizar la paz de los ciudadanos honrados por encima de los derechos de quienes deciden unirse a grupos terroristas. La narrativa oficial sostiene que estas medidas son necesarias para evitar que la violencia resurja en las calles salvadoreñas durante este 2026.
Analistas legales advierten que, de aprobarse, El Salvador se convertiría en uno de los pocos países del hemisferio occidental en permitir penas de prisión vitalicia para menores, lo que podría acarrear sanciones diplomáticas y tensiones con organismos interamericanos de justicia. No obstante, la administración de Bukele ha mantenido una postura de soberanía jurídica, rechazando las críticas externas y asegurando que las soluciones a los problemas del país deben ser diseñadas por salvadoreños, sin injerencias de entidades que, a su juicio, no comprenden la complejidad del fenómeno de las pandillas.
Impacto en la política de seguridadCon esta propuesta, Nayib Bukele reafirma su estrategia de control social absoluto como eje de su gobernanza. Mientras la Asamblea Legislativa se prepara para el debate, la sociedad salvadoreña se encuentra dividida entre quienes ven en la cadena perpetua una solución definitiva a la impunidad juvenil y quienes temen que el desmantelamiento de los sistemas de protección de menores marque un retroceso democrático irreversible. El resultado de esta iniciativa definirá el futuro del sistema penitenciario y la política de seguridad ciudadana en El Salvador para las próximas décadas.