La Coalición de Inmigración de Nueva York y una venezolana embarazada presentaron una demanda contra la administración de Donald Trump, solicitando que se declare inconstitucional la orden ejecutiva que prohíbe la ciudadanía por nacimiento
Por: Staff / La Voz
Nueva York.- La Coalición de Inmigración de Nueva York y una venezolana embarazada presentaron una demanda contra la administración de Donald Trump, solicitando que se declare inconstitucional la orden ejecutiva que prohíbe la ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes indocumentados. Esta medida, firmada el 21 de enero, ya enfrenta varios desafíos legales y ha sido temporalmente bloqueada por jueces federales.
La demanda fue presentada ante el tribunal federal para el Distrito Sur de Nueva York en representación de la inmigrante J.V., una venezolana de 31 años con cinco meses de embarazo y con Estatus de Protección Temporal (TPS), el cual expirará en abril de este año. En el documento legal, la organización y su representante argumentan que la orden ejecutiva viola la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, la cual garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en el país.
Los demandantes señalan que esta medida crearía una población de niños apátridas, vulnerables a la deportación y privados de derechos fundamentales como identidad, documentos oficiales, nutrición, atención médica y educación. Además, alegan que la prohibición impone una discriminación basada en la ascendencia y el estatus migratorio de los padres, lo cual infringe la cláusula de protección igualitaria de la Constitución.
La presidenta de Latino Justice PRLDEF, organización que respalda la demanda, criticó la acción presidencial al afirmar que la ciudadanía es un derecho establecido durante más de un siglo y que un presidente no tiene la autoridad para modificarlo unilateralmente. "La definición de ciudadanía está claramente consagrada en nuestra Constitución y ha sido una cuestión de derecho establecida durante 127 años, que no puede ser simplemente tachada por una persona", declaró.
El caso de J.V. ejemplifica las implicaciones de la orden ejecutiva, ya que su hijo, que nacerá en junio de 2025, quedaría sin ciudadanía si la medida entra en vigor. Mientras la batalla legal continúa, la orden sigue generando preocupación entre defensores de los derechos civiles y comunidades migrantes en todo el país.