El Departamento de Justicia de EE. UU. denuncia pagos en efectivo y artículos de lujo para obtener contratos por 2,5 millones de dólares con la petrolera estatal mexicana.
Por: Redaccion La Voz
Washington, D.C. – Dos empresarios de origen mexicano han sido señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por su presunta participación en una red de sobornos dirigida a funcionarios de Pemex Exploración y Producción (PEP), filial de la petrolera estatal mexicana. La acusación sostiene que Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, de 61 años, habrían entregado pagos en efectivo y artículos de lujo, como productos de marcas reconocidas como Louis Vuitton y Hublot, a cambio de contratos con un valor estimado en 2,5 millones de dólares.
Ambos acusados residían de forma irregular en Texas. Las autoridades estadounidenses aseguran que al menos tres funcionarios de PEP recibieron los sobornos entre 2019 y 2021. Aunque sus identidades no fueron reveladas, se presume que desempeñaban funciones clave en los procesos de licitación de la empresa.
Según la investigación, los empresarios actuaron en conjunto para ofrecer alrededor de 150.000 dólares en sobornos con el fin de obtener y mantener contratos para empresas vinculadas a Rovirosa. Las acusaciones se sustentan en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), una legislación que Washington aplica contra actos de corrupción que puedan afectar la competencia justa para empresas estadounidenses en el exterior.
Rovirosa ya fue detenido por las autoridades, mientras que Ávila permanece prófugo. Además, se presume que Rovirosa tiene vínculos con integrantes del crimen organizado mexicano.
El fiscal Matthew R. Galeotti enfatizó que este tipo de casos envían un mensaje claro sobre la intención del Departamento de Justicia de castigar con firmeza la corrupción internacional. Cada cargo podría conllevar una sentencia de hasta cinco años de prisión. Pemex no ha emitido ninguna declaración oficial sobre el caso.
Esta acusación se produce en medio de una nueva crisis financiera para la petrolera mexicana, que arrastra una pesada deuda. Ante esto, el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha lanzado un fondo de contención con el objetivo de estabilizar a Pemex y reducir su impacto en las finanzas públicas del país.