Auditoría Superior de la Federación activa programa para informantes en Ciudad de México

Los informantes que colaboren pueden aportar **evidencia** como testimonios, documentos y **material audiovisual** sobre irregularidades.

Por: Staff / La Voz

CIUDAD DE MÉXICO — La Auditoría Superior de la Federación activó un mecanismo institucional de incentivos penales y administrativos para reducir sanciones a servidores públicos y particulares que entreguen información veraz sobre presuntas redes de corrupción en licitaciones del Instituto Nacional Electoral y de organismos comiciales locales.

La dependencia fiscalizadora confirmó a través de sus canales oficiales la aplicación del Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones, fundamentado en las disposiciones normativas de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El programa busca esclarecer las irregularidades documentadas en contrataciones públicas de materiales e insumos electorales adjudicados durante administraciones pasadas.

De acuerdo con la información divulgada por el órgano auditor, los implicados que decidan colaborar han comenzado a aportar evidencia sustancial que incluye testimonios directos, expedientes financieros, registros domiciliarios, fotografías, material audiovisual, conversaciones de mensajería instantánea y nombres de los presuntos artífices del entramado de corrupción. Los indicios acopiados apuntan a la intervención de beneficiarios finales de firmas privadas en la confección de bases técnicas y selección dirigida de proveedores.

Las investigaciones del organismo fiscalizador coinciden con expedientes integrados por la Unidad de Inteligencia Financiera en torno al funcionamiento de una red de proveedores y empresas fachada sancionadas por el Servicio de Administración Tributaria. El avance de las indagatorias se produce tras la dimisión de la expresidenta del órgano electoral, Guadalupe Taddei Zavala, y la posterior interposición de denuncias formales ante la Fiscalía General de la República.

La autoridad fiscalizadora continuará el procesamiento de las pruebas recibidas para determinar el destino final del gasto público desviado, individualizar la responsabilidad de los funcionarios omisos y formalizar la nómina de sancionados ante el Poder Judicial de la Federación.