La propuesta incluye colaboración con la Policía Cibernética para prevenir riesgos en menores.
Por: Staff / La Voz
CIUDAD DE MÉXICO — El Gobierno de México inició un análisis profundo sobre la viabilidad de implementar límites legales al acceso y uso de redes sociales para menores de edad, citando preocupaciones crecientes sobre la salud mental y la seguridad digital. La propuesta, que se encuentra en una fase de evaluación técnica por parte de diversas dependencias federales, busca establecer marcos regulatorios que obliguen a las plataformas tecnológicas a verificar de manera estricta la edad de sus usuarios y restringir ciertos contenidos para niños y adolescentes.
El Gobierno de México busca establecer límites en el uso de redes sociales para proteger a los menores.Durante una reciente mesa de trabajo, autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Secretaría de Salud destacaron que el consumo desmedido de contenido digital está directamente vinculado con trastornos de ansiedad, depresión y un aumento en los casos de ciberacoso. El análisis del gobierno mexicano se suma a una tendencia global donde países europeos y estados de la Unión Americana han comenzado a legislar para prohibir o limitar el uso de dispositivos y aplicaciones en entornos escolares y hogares, bajo el argumento de proteger el desarrollo cognitivo de la juventud.
Claudia Sheinbaum destaca la importancia de un debate amplio sobre la regulación de redes sociales.La propuesta de limitar las redes sociales en México también contempla la colaboración de la Policía Cibernética y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). El objetivo es desarrollar mecanismos que impidan el contacto de menores con cuentas no supervisadas y mitigar riesgos de delitos como el grooming y la explotación infantil. Los funcionarios señalaron que, aunque la tecnología es una herramienta educativa valiosa, la falta de filtros adecuados en las plataformas más populares representa una vulnerabilidad crítica para la población menor de 18 años.
La propuesta incluye colaboración con la Policía Cibernética para prevenir riesgos en menores.Por su parte, la industria tecnológica y diversas organizaciones de derechos digitales han manifestado su cautela ante la posibilidad de una regulación restrictiva. Algunos expertos sugieren que, en lugar de una prohibición total, el Estado debería priorizar la alfabetización digital y fortalecer las herramientas de control parental. Argumentan que una limitación drástica podría vulnerar el derecho a la información y a la libertad de expresión de los jóvenes, además de ser técnicamente difícil de ejecutar sin comprometer la privacidad de los datos personales de los ciudadanos.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha mencionado anteriormente que la protección de la infancia es una prioridad de su administración, aunque recalcó que cualquier decisión en esta materia será tomada tras un amplio debate con especialistas, padres de familia y empresas del sector. El análisis legislativo incluiría posibles sanciones para aquellas plataformas que permitan la creación de perfiles a menores sin el consentimiento verificado de sus tutores, así como el bloqueo de algoritmos que promuevan contenido potencialmente dañino para este sector demográfico.
Con este movimiento, México se posiciona en el debate internacional sobre la soberanía digital y la responsabilidad de las empresas de tecnología. Mientras el estudio avanza en las comisiones del Congreso, la sociedad civil permanece atenta a lo que podría ser una de las reformas más trascendentales en materia de telecomunicaciones y protección civil de la década. El resultado de este análisis definirá el rumbo de la convivencia digital en el país durante el 2026, buscando un equilibrio entre la modernidad tecnológica y la salvaguarda de la salud pública.