La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que esperará los resultados de las auditorías en curso antes de actuar legalmente.
Por: Staff / La Voz
El gobierno federal mantendrá una postura de prudencia institucional antes de emprender acciones legales por presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE). La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que esperará los resultados definitivos de las auditorías en curso antes de presentar denuncias penales o administrativas contra la expresidenta del órgano electoral, Guadalupe Taddei, y las empresas proveedoras involucradas en contrataciones bajo sospecha.
Acciones de la autoridadDurante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que cualquier procedimiento legal debe estar sustentado en hallazgos debidamente documentados. Explicó que si los peritajes arrojan la comisión de posibles delitos, los expedientes serán turnados a la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que las faltas de carácter administrativo corresponderán al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sheinbaum subrayó que a la fiscalía le atañe investigar con autonomía y determinar la procedencia de los casos conforme al debido proceso.
El caso cobra relevancia en medio de investigaciones por la presunta concentración de contratos de materiales electorales en un reducido grupo de compañías, algunas ligadas a la familia Hernández Casillas. Las indagatorias buscan esclarecer si existió simulación de competencia, beneficios indebidos o complicidad de servidores públicos durante la gestión de Taddei. De manera paralela, la crisis en el organismo se agudizó con la salida de la expresidenta y la renuncia de 19 altos funcionarios.
Detalles confirmadosEl Órgano Interno de Control del INE, encabezado por Víctor Hugo Carvente Contreras, notificó al Congreso la existencia de 18 expedientes abiertos. De ese total, 13 permanecen en fase de investigación y cinco ya derivaron en procedimientos de responsabilidad administrativa con citatorios para audiencias iniciales, aunque sin dictámenes definitivos hasta el momento.
Como parte del debate institucional, la jefa del Ejecutivo cuestionó la estructura del sistema electoral surgida de la reforma de 2014. Afirmó que en aquel periodo, bajo la presidencia de Lorenzo Córdova, se centralizó el poder en el Consejo General al asumir la designación de los integrantes de los organismos públicos locales electorales (OPLE), facultad previamente reservada a los estados. Según la mandataria, ese esquema propició que las mismas firmas proveedoras mantuvieran el control de las licitaciones por varios años.
A pesar de los cuestionamientos sobre el manejo directivo previo, la mandataria aseveró que la intención prioritaria del gobierno es contar con un instituto electoral fuerte y transparente, enfocado en responder a la voluntad ciudadana y distante de esquemas de beneficio para élites políticas o corporativas. El avance de los dictámenes de fiscalización definirá el rumbo legal del caso.