Claudia Sheinbaum propone aumentar penas por feminicidio en México

Analistas advierten sobre la impunidad en casos de feminicidio en México.

Por: Staff / La Voz

CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó este martes una ambiciosa iniciativa de reforma legal destinada a combatir la violencia de género, proponiendo que las penas por el delito de feminicidio se incrementen hasta los 70 años de prisión. Durante su intervención, la mandataria subrayó que esta nueva ley busca no solo endurecer los castigos contra los agresores, sino también homologar los criterios de investigación en todas las fiscalías del país para garantizar que ninguna muerte violenta de una mujer quede impune por fallas en el debido proceso.

La reforma legal busca elevar las penas por feminicidio a 70 años de prisión.

La propuesta de Sheinbaum para elevar las penas por feminicidio a 70 años de cárcel forma parte de un paquete de reformas constitucionales que pone al centro los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia machista. La iniciativa contempla que, en casos donde existan agravantes como el uso de extrema crueldad, la presencia de menores de edad durante el crimen o que el agresor sea un servidor público, se aplique la sanción máxima permitida por el marco jurídico mexicano. Con esto, el Gobierno Federal busca enviar un mensaje contundente de "cero tolerancia" ante la emergencia nacional que representan los crímenes de odio contra las mujeres.

Claudia Sheinbaum enfatiza la necesidad de protocolos de atención para mujeres.

Además del incremento en los años de reclusión, la nueva ley contra feminicidios establece la creación de protocolos obligatorios de atención temprana y protección para mujeres que denuncien amenazas previas. Claudia Sheinbaum destacó que la justicia no debe llegar solo cuando el delito se ha consumado, sino que el Estado tiene la obligación de intervenir preventivamente para salvar vidas. La reforma también incluye sanciones penales para aquellos funcionarios públicos que, por omisión o negligencia, obstaculicen la investigación de un feminicidio o revictimicen a los familiares de las víctimas durante el proceso judicial.

Analistas advierten sobre la impunidad en casos de feminicidio en México.

Analistas en materia de derechos humanos y colectivos feministas han recibido la noticia con cautela, señalando que, si bien el aumento de las penas es un paso simbólico importante, el verdadero reto reside en abatir los índices de impunidad que superan el 90% en la mayoría de las entidades federativas. La propuesta presidencial busca atender esta problemática mediante la profesionalización de peritos y ministerios públicos especializados en perspectiva de género, asegurando que cada carpeta de investigación cuente con los elementos científicos necesarios para sostener una sentencia condenatoria de 70 años ante un juez.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de las Mujeres trabajarán de la mano con el Congreso de la Unión para socializar la iniciativa y lograr su aprobación en el corto plazo. Sheinbaum enfatizó que esta ley es un compromiso de campaña que hoy se materializa como una política de Estado, buscando transformar la realidad de millones de mexicanas que exigen vivir sin miedo. Durante este 2026, la agenda de justicia de género se perfila como el eje rector de la estrategia de seguridad interna de la administración actual, priorizando la vida y la dignidad por encima de cualquier otra consideración política.

Con la presentación de esta nueva ley, México se encamina a poseer una de las legislaciones más severas de América Latina en materia de feminicidio. Mientras el debate legislativo inicia en las cámaras, la expectativa de la sociedad civil es alta, esperando que el endurecimiento de las penas a 70 años de cárcel sea el principio del fin de la violencia sistemática. El éxito de esta reforma se medirá, en última instancia, no solo por la duración de las condenas, sino por la capacidad del sistema de justicia para prevenir que más mujeres sigan siendo víctimas de la violencia letal en el país.

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