La presidencia de la República se mantiene al margen mientras crecen los cuestionamientos sobre la justicia en el caso.
Por: Staff / La Voz
La reincorporación de Rubén Rocha Moya como mandatario de Sinaloa tras una ausencia prolongada ha provocado una profunda fractura en las altas esferas de la autodenominada Cuarta Transformación.
Mientras las investigaciones abiertas por la Fiscalía General de la República siguen su curso y crecen los señalamientos internacionales, la clase política oficialista y la oposición han reaccionado con dureza ante un movimiento calificado por diversos sectores como un acto unilateral de impunidad.
La dirigencia nacional de Morena y un bloque de gobernadores aliados manifestaron públicamente que la vuelta al poder local no fue consensuada ni respaldada por la estructura territorial del partido.
Figuras clave del oficialismo sugirieron al político sinaloense pausar sus funciones para evitar costos políticos a la administración federal y abrieron el debate sobre la necesidad de eliminar el fuero constitucional en el país.
Por su parte, partidos de oposición y diversas voces legislativas calificaron la medida como una provocación institucional, exigiendo acciones drásticas como la desaparición de poderes en la entidad norteña.
La presidencia de la República evitó emitir comentarios debido a cuestiones de salud de la titular del Ejecutivo, mientras que el gobernador reelecto defiende su inocencia y asegura que concluirá su mandato administrativo.
El retorno al Palacio de Gobierno se produce en medio de un clima de alta tensión nacional, reavivando los cuestionamientos sobre los alcances de la justicia, las indagatorias en curso y el verdadero peso de los acuerdos políticos internos.