Por: Agencia
El juez le impuso como obligaciones el pago de una garantía de 50 mil pesos.
Tras casi siete meses en la cárcel, un juez de la Ciudad de México concedió la libertad provisional a Cristóbal Gerardo Bonilla Galicia, director de ILF Ingenieros Consultores, quien se encuentra procesado por un presunto fraude de 5.3 millones de pesos en la certificación de daños de la Línea 12 del Metro.
Javier Ramírez Hernández, Juez 51 Penal de esta capital, otorgó el beneficio al ejecutivo con base en la Miscelánea Penal aprobada por el Senado en junio de 2016, que permite a los procesados en el sistema mixto solicitar la sustitución de la prisión preventiva por una medida cautelar distinta como la libertad, conforme al sistema penal acusatorio.
Diego Ruiz, defensor de Bonilla, confirmó que su cliente abandonó el Reclusorio Oriente el pasado 6 de julio y que el juez le impuso como obligaciones el pago de una garantía de 50 mil pesos y su presentación periódica ante el juzgado para firmar el libro de procesados.
Bonilla fue detenido en diciembre pasado, con base en una orden de aprehensión librada por el Juez 51 Penal de la Ciudad de México por el delito de fraude genérico, dentro de la causa penal 128/2016.
Junto con Mario Alberto Lezama Estrada, coordinador de consultores de ILF, fue acusado de usurpar el nombre de ILF Beratende Ingenieure AG, con sede en Suiza, para obtener el contrato de certificación de daños de la Línea 12.
El convenio les fue asignado el 9 de octubre de 2013 por un monto de 5 millones 319 mil 977 pesos, en un contrato del Proyecto Metro de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno capitalino.
En el Informe de Cuenta Pública de 2013, los recursos del servicio de dictaminación del desgaste de los rieles aparecen etiquetados bajo el concepto del “Convenio SCT Línea 12”.
La libertad provisional en favor de Bonilla ocurre luego de que Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, Juez Décimo de Distrito en Amparo de esta ciudad, ordenara turnar su proceso del fuero común al federal, ya que en su consideración esta última es la competente para tramitar el asunto.
Lo anterior, porque si bien ILF fue contratada por el Proyecto Metro, que depende del Gobierno capitalino, los recursos para pagarle salieron del erario federal, en específico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dice la sentencia del amparo 54/2017.
El juez Vargas Alarcón anuló el auto de formal prisión dictado a Bonilla el 30 de diciembre pasado por el juzgado del fuero común y le ordenó turnar el expediente.
