Una empleada de JUMAPA es despedida tras video de amenaza a ciudadano. Impacto y medidas tomadas.
Por: Staff / La Voz
La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya (JUMAPA) despidió a una empleada identificada como Adriana tras difundirse un video en redes sociales donde amenaza a un ciudadano con desaparecerlo si no pagaba 2 000 pesos, informó hoy la dependencia.
En el material audiovisual, grabado en una explanada del Parque Morelos, se observa a la funcionaria confrontando a un comerciante. De manera agresiva y con tono intimidatorio, afirmó: "A mí me cuesta dos mil pesos para que te desaparezcan" . Esta frase causó indignación entre testigos y usuarios de internet, por aludir a la desaparición forzada, un delito grave en México.
El titular de JUMAPA, Saúl Trejo Fuentes, enfatizó que no se tolerará violencia, intimidación ni prepotencia por parte de ningún colaborador. Agregó que, a pesar de que la empleada no contaba con antecedentes de conductas similares, su comportamiento fue "reprobable" e incompatible con la vocación de servicio de la institución.
El alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez —militante de Morena— confirmó que, además de esta baja, se han separado a varios funcionarios que incurrieron en conductas contrarias a las normas del gobierno municipal.
La controversia también resalta una problemática mayor: el uso de desaparecidos como amenaza generalizada. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, en México hay más de 130 600 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas. En Guanajuato, esa cifra supera las. Ante este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y la creación de un sistema nacional de búsqueda, con el objetivo de reforzar capacidades y disminuir la impunidad.
El despido de la empleada ha generado reacciones entre ciudadanos y especialistas en derechos humanos. Para algunos, se trata de una respuesta necesaria y ejemplar, mientras que otros consideran que se requiere un cambio más profundo en la cultura institucional. Expertos en administración pública advierten que la sanción individual, sin estrategias formativas y preventivas, puede resultar insuficiente para erradicar conductas de abuso.
La JUMAPA informó que el proceso de separación del cargo se encuentra en curso y que, de comprobarse delitos adicionales, se evaluarán responsables penalmente. Por su parte, el comerciante afectado aún no ha presentado denuncia formal, aunque el caso ya generó atención de organizaciones civiles y medios locales.
Este incidente evidencia la urgencia de fortalecer la formación ética y de derechos humanos entre servidores públicos y mejorar los mecanismos de control, revisión y atención ciudadana en municipios como Celaya.