Los agentes también enfrentan pesquisas por la forma en que abatieron al joven señalado como autor material del ataque que terminó con la vida del exalcalde de Uruapan.
Por: Redaccion La Voz
Las autoridades de Michoacán dieron un nuevo paso en las investigaciones relacionadas con el asesinato del expresidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez. Este 21 de noviembre, siete servidores públicos que fungían como sus escoltas fueron detenidos por su posible responsabilidad en el delito de homicidio calificado, en modalidad de comisión por omisión.
La Fiscalía estatal informó brevemente que se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra los agentes municipales por su presunta falta de acción al momento del ataque contra Manzo. De acuerdo con información difundida por El Financiero, los escoltas fueron arrestados en la Casa de Cultura, en pleno centro de Uruapan, y trasladados al Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez".
¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?
Las autoridades ya habían señalado que los escoltas estaban bajo investigación no solo por una posible omisión en su labor de protección, sino también por la forma en que enfrentaron al joven de 17 años que disparó contra el entonces alcalde y murió en el lugar. Por ahora, las órdenes de captura se relacionan únicamente con la presunta omisión, la cual aún se analiza para determinar si fue intencional.
Ese mismo día también se confirmó el traslado de Jorge Armando "N", alias El Licenciado, líder de un grupo vinculado al CJNG y señalado como autor intelectual del asesinato. Según la Fiscalía y autoridades de seguridad, El Licenciado enviaba instrucciones a los tres implicados en el ataque: Víctor Manuel —quien disparó—, así como Fernando Josué y Ramiro, sus cómplices. Estos últimos fueron hallados sin vida en una carretera de Uruapan, en lo que se presume fue un intento deliberado por obstaculizar la investigación.
¿Qué consecuencias dejó el hecho?El presunto autor intelectual fue movido del penal de Mil Cumbres a la prisión de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, donde enfrenta cargos por homicidio calificado y lesiones.