La SEDENA colabora con autoridades civiles en la investigación del caso.
Por: Staff / La Voz
CULIACÁN, SINALOA — Un juez de control dictó este miércoles 8 de abril de 2026 el auto de vinculación a proceso contra 13 elementos del Ejército Mexicano, presuntamente involucrados en un operativo que derivó en la muerte de dos menores de edad en el estado de Sinaloa. La resolución judicial marca un paso significativo en la búsqueda de justicia para las familias de las víctimas, en un caso que ha reavivado el escrutinio sobre el uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
La vinculación a proceso ocurre tras una serie de audiencias en las que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que sugieren que los efectivos militares accionaron sus armas de fuego de manera injustificada contra el vehículo en el que viajaban las víctimas. El incidente, ocurrido semanas atrás en una zona rural de Sinaloa, provocó la indignación de la comunidad local y de organismos defensores de derechos humanos, quienes señalaron que las menores no representaban una amenaza ni portaban armamento al momento del ataque.
El juez dictó auto de vinculación a proceso tras audiencias de la FGR.De acuerdo con el dictamen del juez, existen elementos suficientes para investigar a los 13 militares por los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad. Como medida cautelar, se ordenó la prisión preventiva justificada para todos los imputados, quienes permanecerán bajo custodia en una instalación militar mientras se desarrolla el periodo de investigación complementaria, fijado en cuatro meses. En este abril de 2026, el caso se ha convertido en un emblema de la lucha contra la impunidad en operativos donde se ven involucrados civiles inocentes.
Familias de las víctimas celebran la decisión, pero advierten sobre el camino jurídico.Analistas legales señalan que este proceso es inusual por la cantidad de efectivos vinculados simultáneamente y por la celeridad con la que el caso ha transitado hacia la justicia civil. La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha manifestado su disposición para colaborar con las autoridades civiles en el esclarecimiento de los hechos, aunque ha reiterado que sus elementos actuaron en cumplimiento de su deber en una zona de alta presencia delictiva. Sin embargo, los peritajes de balística y los testimonios recabados por la fiscalía han sido determinantes para cuestionar la versión oficial del "fuego cruzado".
La SEDENA colabora con autoridades civiles en la investigación del caso.Por su parte, los abogados de las familias de las menores celebraron la decisión del juez, aunque advirtieron que este es solo el inicio de un largo camino jurídico. Han solicitado que la protección a los testigos sea reforzada, dado el perfil de los involucrados. En la Ciudad de México, el tema ha escalado a la agenda nacional, donde legisladores han hecho un llamado a revisar los protocolos de actuación militar para evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir en el contexto de la estrategia de seguridad vigente en este 2026.
Con la vinculación a proceso de estos 13 militares, el sistema judicial mexicano enfrenta la tarea de garantizar un juicio imparcial que responda al reclamo social de justicia. Mientras el plazo de investigación comienza a correr, la mirada de los observadores internacionales de derechos humanos se mantiene fija en Sinaloa, esperando que el desahogo de pruebas arroje luz definitiva sobre lo ocurrido aquella tarde y se finquen responsabilidades conforme a la ley.