Proceso de extradición no será automático, advierte la FGR.
Por: Agencia
La Fiscalía General de la República (FGR) ha puesto en marcha un protocolo de verificación tras recibir una solicitud formal de extradición por parte de Washington contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve colaboradores de su administración.
A través de su portavoz, Ulises Lara López, la institución aclaró que el proceso no será automático. El Estado mexicano ha iniciado una investigación propia para corroborar si las imputaciones que vinculan a los funcionarios con el Cártel de Sinaloa cuentan con el sustento legal que exige la normativa nacional.
La FGR enfatizó que, aunque existe un Tratado Bilateral de Extradición, este se rige bajo principios de reciprocidad y cumplimiento de las leyes locales. Los puntos determinantes son:
Insuficiencia de evidencias: La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió la petición el 28 de abril; sin embargo, advirtió que el expediente carece de pruebas contundentes que respalden los hechos narrados por el Departamento de Justicia y la DEA.
Investigación paralela: La FGR no se limitará a revisar el expediente extranjero; iniciará su propia indagatoria para recabar datos de prueba que permitan inferir la comisión de delitos bajo el código penal mexicano.
El filtro de Asuntos Internacionales: La Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales será la encargada de dictaminar si los documentos cumplen con los requisitos para proceder con una detención.
Un punto crítico en este caso es el estatus político de los señalados. La FGR recordó que, debido a que se trata de un mandatario estatal y posiblemente senadores, el camino legal incluye pasos adicionales:
Protección de inmunidad: Los implicados gozan de fuero constitucional.
Desafuero: Para que una orden de aprehensión sea válida, el Congreso deberá iniciar un juicio de procedencia que retire dicha protección.
Apego al Tratado: La extradición solo se concederá si las pruebas son suficientes "conforme a las leyes de la parte requerida" (México).
"Para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión, se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito", sentenció Lara López, dejando claro que México no actuará sin una base jurídica robusta.
Con esta postura, el Gobierno de México traslada la carga de la prueba a las agencias estadounidenses, mientras el caso se perfila como un complejo estira y afloja diplomático y judicial.