La Fiscalía General de la República (FGR) ha lanzado investigaciones penales contra varios jueces y magistrados que otorgaron suspensiones a la reforma judicial
Por: Staff / La Voz
La Fiscalía General de la República (FGR) ha lanzado investigaciones penales contra varios jueces y magistrados que otorgaron suspensiones a la reforma judicial, argumentando que estas decisiones podrían constituir un delito de abuso de autoridad. La medida responde a denuncias formales del Poder Legislativo y el Ejecutivo y ha generado preocupación en el ámbito judicial, donde algunos consideran que esta acción afecta la independencia de los jueces.
Investigación y Posible Intimidación a los Jueces
Según fuentes del Poder Judicial, la FGR ya ha solicitado los expedientes relacionados con las suspensiones y ha notificado a los jueces implicados por medio de correos electrónicos. Las investigaciones, en opinión de estos jueces, buscan ejercer presión sobre quienes han emitido resoluciones en desacuerdo con el gobierno actual. En casos de esta índole, un proceso penal contra un juez conllevaría un desafuero que solo el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) puede autorizar, lo que significa que, de no proceder el CJF, las investigaciones se quedarían en expedientes sin llegar a una instancia penal.
Quejas Administrativas y la Intervención de la ONU
Además de la vía penal, los jueces enfrentan quejas administrativas en el CJF a través de su Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, lo que podría derivar en sanciones disciplinarias. En caso de comprobarse una falta grave, el proceso disciplinario podría terminar en una destitución del cargo. Como medida de protección, algunos jueces han solicitado apoyo de Naciones Unidas, específicamente de las Relatorías de Independencia Judicial y Derechos Humanos, argumentando que esta situación constituye una persecución estatal que vulnera su autonomía judicial.
Durante la conferencia de prensa del 18 de octubre, la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, afirmó que el gobierno planea tomar acciones contra jueces que otorgaron amparos contra la reforma judicial. Esto refuerza la idea de una postura oficial contra quienes han fallado a favor de suspensiones que afectan la política gubernamental.
Implicaciones del Próximo Cambio en el CJF para 2025
Fuentes judiciales han expresado que la situación podría intensificarse en 2025, cuando se renueve el CJF y entre en funciones el nuevo Tribunal de Disciplina. Se estima que este cambio podría resultar en un ambiente menos favorable para los jueces críticos, derivando en una posible persecución política. Hasta ahora, se han otorgado cerca de 170 suspensiones relacionadas con la reforma judicial, involucrando a alrededor de 20 a 30 jueces.
Reflexiones sobre la Independencia Judicial
La intervención penal y administrativa contra jueces y magistrados que ejercen su autonomía en la interpretación de la ley ha despertado debates en torno a la independencia judicial en México. Especialistas y organismos internacionales han advertido sobre los riesgos de una posible injerencia en el sistema de justicia, advirtiendo que el uso de investigaciones como herramienta de intimidación podría menoscabar el equilibrio de poderes y el estado de derecho en el país.