El operativo en El Pinal dejó dos estadounidenses y dos mexicanos fallecidos, lo que ha generado un debate sobre la legalidad de la intervención.
Por: Staff / La Voz
CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General del Estado de Chihuahua rechazó categóricamente que la gobernadora María Eugenia Campos Galván tuviera conocimiento o hubiera autorizado la participación de agentes estadounidenses en operativos antidrogas dentro de la entidad. La postura de la dependencia responde a las acusaciones vertidas por el exfiscal estatal Guillermo Arturo Zuany Portillo en entrevista con el diario estadounidense The New York Times, donde señaló que la mandataria panista estaba al tanto del despliegue de personal extranjero en labores de inteligencia y de campo. La institución procuradora de justicia precisó que la carpeta de investigación en torno al despliegue antidrogas realizado el pasado 19 de abril integra más de 150 declaraciones testimoniales de 86 personas, además de peritajes técnicos y pruebas documentales. Tras el análisis de dichos elementos, la Fiscalía sostuvo que ningún testimonio o prueba señala que la gobernadora hubiera sido informada sobre las actividades operativas de ciudadanos estadounidenses en territorio chihuahuense, concluyendo que la información le fue ocultada por los mandos a cargo.
La Fiscalía defiende a la gobernadoraLa controversia tiene su origen en un operativo desplegado contra un laboratorio clandestino de producción de metanfetaminas en el municipio de El Pinal. Durante dicha intervención, dos ciudadanos estadounidenses identificados por fuentes periodísticas como presuntos agentes de la CIA y dos funcionarios mexicanos perdieron la vida en un percance carretero. La ley mexicana de seguridad nacional establece la prohibición de que agentes extranjeros realicen tareas operativas sin la autorización explícita y formal del Gobierno federal.
Declaraciones de Guillermo Arturo ZuanyPor su parte, las declaraciones de Zuany Portillo, sobre quien pesan órdenes de aprehensión vigentes emitidas tanto por la Fiscalía estatal como por la Fiscalía General de la República, no han sido integradas formalmente en el expediente judicial. Las investigaciones sobre el caso permanecen abiertas bajo la supervisión de autoridades federales y locales, mientras el gobierno de México mantiene comunicación constante con agencias de Estados Unidos para esclarecer la actuación y adscripción del personal extranjero involucrado en la zona.