Autoridades de CDMX y federales acusan sesgo y rechazan "uso político del dolor" en evaluación internacional.
Por: Redaccion La Voz
El Gobierno de la Ciudad de México manifestó su rechazo al informe emitido por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al coincidir con la postura del gobierno federal y considerar que el documento presenta una visión parcial de la problemática en el país.
A través de un posicionamiento, la administración capitalina señaló que las conclusiones del organismo internacional se sustentan principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, por lo que —afirmó— se trasladan de manera inadecuada a la situación actual sin reconocer los cambios implementados desde 2019 en materia de seguridad y búsqueda de personas desaparecidas. Asimismo, calificó como grave que no se haya incorporado la información proporcionada por el Estado mexicano.
La postura de la CNDHEn la misma línea, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respaldó el rechazo al informe al considerar que se basa en perspectivas "sesgadas" de organizaciones civiles y carece de sustento suficiente, además de señalar que no se agotaron las instancias nacionales antes de su publicación.
Oportunidades de diálogoEn contraste, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) adoptó una postura distinta al señalar que el documento puede representar una oportunidad para fortalecer el diálogo con instancias internacionales y reforzar las acciones frente a la crisis de desapariciones, la cual calificó como uno de los retos más urgentes.
El gobierno capitalino también cuestionó que el informe no diferencie adecuadamente entre desapariciones forzadas atribuibles al Estado y aquellas cometidas por particulares o grupos delictivos. En ese sentido, sostuvo que actualmente no existe una política de represión, sino una estrategia integral orientada a combatir este fenómeno.
En su posicionamiento, recordó que durante gobiernos anteriores se registraron prácticas sistemáticas de desaparición forzada, además de señalar la relación entre el incremento de estos casos y la llamada "guerra contra el narcotráfico" impulsada en administraciones pasadas.
Las autoridades destacaron diversas acciones implementadas en años recientes, como la creación de comisiones estatales de búsqueda, el establecimiento del Centro Nacional de Identificación Humana, el incremento presupuestal para la localización de personas y la puesta en marcha de protocolos homologados.
Asimismo, se subrayaron medidas impulsadas por la actual administración federal, entre ellas reformas legales para crear herramientas como una base nacional de investigaciones, una plataforma única de identidad y un sistema de alerta y localización, además del fortalecimiento de registros y bases de datos forenses.
Acciones locales
En el ámbito local, el Gobierno de la Ciudad de México resaltó la instalación de un gabinete permanente para atender el tema, así como la creación de centros de atención integral para acompañar a familiares de personas desaparecidas y espacios para el resguardo temporal de cuerpos no identificados. También informó que se ha incrementado el presupuesto destinado a estas labores.
Finalmente, la administración capitalina reiteró su respaldo a la política federal en la materia y rechazó lo que calificó como narrativas infundadas sobre una supuesta colusión entre autoridades y el crimen organizado. Además, expresó su desacuerdo con el uso político del sufrimiento de las familias afectadas, al tiempo que reafirmó su compromiso de mantener una política pública enfocada en la atención a víctimas y la búsqueda de personas.