Esta es la segunda demanda de México en contra de actores de la cadena de comercio de armas
Por: Agencia
Como parte de la demanda interpuesta por México contra vendedores de armas de fuego en Estados Unidos, con el objetivo de combatir el tráfico de estos productos hacia el país, la Corte de Distrito de Arizona, ubicada en la frontera con México, ha fijado el 22 de febrero de 2024 como la fecha de la audiencia para la presentación de argumentos orales.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó, a través de un comunicado en su página oficial, que la jueza Cindy Jorgenson se excusó de conocer el caso y canceló la audiencia inicialmente programada para el 28 de agosto de 2023. Posteriormente, el caso fue reasignado a la jueza Rosemary Márquez, quien fue designada en 2014 por el entonces presidente estadounidense Barack Obama.
De acuerdo con las prácticas de litigio en Estados Unidos, la Corte ha solicitado a las partes diversa información que deberán presentar con anticipación a la audiencia, incluyendo un calendario procesal propuesto y el formato en el que las partes exhibirán y revelarán su material probatorio. Este requerimiento refleja el "profundo interés de la jueza Márquez en llevar a cabo un análisis exhaustivo del caso, lo cual confirma la seriedad y trascendencia del mismo", destaca el comunicado.
La demanda fue presentada en agosto de 2022 contra varios vendedores de armas, entre ellos Diamondback Shooting Sports, Inc. (Tucson), SNG Tactical, LLC (Tucson), Loan Prairie, LLC a.k.a. The Hub Target Sports (Tucson), Ammo A-Z, LLC (Phoenix) y Sprague’s Sports, INC. (Yuma). Según datos de trazabilidad, estas tiendas suministran regularmente armas de alto poder a organizaciones criminales en México. Cabe mencionar que la trazabilidad se refiere al seguimiento que las autoridades realizan para conocer el origen de un arma una vez que ha sido incautada.
Esta constituye la segunda demanda de México contra actores en la cadena de comercio de armas, siendo la primera presentada en 2021 contra el estado de Boston. En esta primera demanda se cuestionaba una responsabilidad más amplia de las empresas que fabrican y distribuyen armas de fuego, facilitando su tráfico ilícito hacia el país.
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