El gerente suspendido de SIMAS, Lorenzo Menera Sierra, señaló que pretende que José Adrián García Loza enfrente el proceso derivado de una denuncia por presunta prevaricación administrativa.
Por: Emilio Gallegos
PIEDRAS NEGRAS, Coah.- Lorenzo Menera Sierra, gerente suspendido del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Piedras Negras, anunció que buscará la suspensión del contralor municipal, José Adrián García Loza, para que enfrente el proceso penal derivado de una denuncia presentada en su contra.
Menera Sierra dijo confiar, sin embargo, en que las instancias legales resolverán el caso antes de que sea necesario solicitar la separación del funcionario de su cargo.
"Yo creo que le va a llegar más rápido su destitución, la inhabilitación o incluso la cárcel, porque, de acuerdo con la ley, por el delito cometido puede ir a prisión por dos hasta cinco años", señaló.
El funcionario suspendido afirmó que, junto con su equipo legal, utilizó como sustento de sus denuncias documentos y respuestas oficiales emitidos por la propia Contraloría Municipal.
"Lo que ellos nos respondían por escrito fue lo que presentamos en la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal Superior del Estado y el Ministerio Público", apuntó.
Acciones de la autoridadLa Fiscalía General del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación por la denuncia presentada contra García Loza por el presunto delito de prevaricación administrativa.
La querella fue promovida por Menera Sierra, quien atribuye al contralor decisiones administrativas que, a su juicio, podrían constituir violaciones a la ley.
El artículo 395, fracción II, del Código Penal de Coahuila contempla la prevaricación administrativa cuando una autoridad dicta una resolución contraria a disposiciones constitucionales, legales o reglamentarias claras, o manifiestamente opuesta a las pruebas presentadas, y con ello afecta determinados derechos.
Detalles confirmadosLa investigación se encuentra en curso y los señalamientos contra García Loza no han sido acreditados judicialmente. Corresponderá al Ministerio Público determinar si existen elementos suficientes para acreditar los componentes del presunto delito.