La Fiscalía General de la República logró la vinculación a proceso de Eduviges N por posesión de armamento de alto poder en Castaños.
Por: Jaime Guerrero
CASTAÑOS, COAHUILA.- Un presunto acopio de armamento de alto poder terminó nuevamente ante los tribunales federales luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) lograra la vinculación a proceso de Eduviges N, señalado por delitos relacionados con la posesión de armas, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
La investigación tuvo origen a partir de una denuncia anónima que alertó sobre la posible comisión de un delito federal. Derivado de las indagatorias, elementos de la Policía Federal Ministerial ubicaron y detuvieron al imputado en junio de 2025 sobre la carretera federal 57, a la altura del municipio de Castaños.
Durante la intervención, los agentes aseguraron un importante arsenal integrado por 10 armas de fuego, 17 cargadores y seis mil 431 cartuchos de distintos calibres, material que quedó a disposición de la autoridad ministerial para el desarrollo de la carpeta de investigación correspondiente.
Posteriormente, el Ministerio Público Federal impulsó diversos recursos legales ante instancias judiciales para controvertir resoluciones emitidas durante las primeras etapas del procedimiento. Como resultado de dichas actuaciones, se obtuvo una determinación favorable respecto a la legalidad de la detención.
Sin embargo, el proceso registró un nuevo episodio cuando el imputado no acudió a una comparecencia ordenada por la autoridad judicial. Ante esa situación, un juez federal lo declaró sustraído de la acción de la justicia y emitió una orden de aprehensión en su contra.
La orden judicial fue ejecutada por agentes de la Policía Federal Ministerial, quienes lograron su localización y captura para ponerlo nuevamente a disposición del órgano jurisdiccional.
En audiencia por cumplimiento de orden de aprehensión, el juez de Control determinó vincularlo a proceso, imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y conceder un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
De acuerdo con la legislación vigente, la persona imputada mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad competente.