A través de 8 empresas que se encuentran distribuidas en varios estados de la República Mexicana, se realizó el fraude millonario ante el SAT, en el que se vieron involucradas personas de escasos recursos de Monclova y Frontera, a quienes se les abrieron cuentas bancarias y se les depositó la devolución de impuestos.
Como se recordará, durante el mes de julio de este año se dio a conocer el fraude en el que se vieron involucradas decenas de personas, a quienes se les involucró en la suplantación de identidad ante el SAT al proporcionar su firma electrónica.
Estas personas recibieron notificaciones de Hacienda para pedir que regresaran cantidades de 180 mil pesos y similares, que se depositó por “error” como devolución de impuestos a sus cuentas.
Las personas afectadas se vieron sorprendidas ya que ellos no realizaron ningún trámite y no recibieron ninguna cantidad de dinero, salvo los 500 pesos que les dieron por la firma electrónica.
Leonardo Rodríguez Cruz, gestor social que solicitó la intervención de las dependencias federales para atender este caso, señaló que después de la visita que realizó la Condusef (Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros) a Monclova para tomar conocimiento del caso, se dio respuesta en cuanto a la apertura de las cuentas.
“Ellos (Condusef) vinieron y atendieron a la gente que señalaban que ellos no abrieron ninguna cuenta, se realizó un registro y se solicitó a la banca la información referente a esas cuentas y ya se nos respondió”.
Las cuentas bancarias con las que fueron involucradas las personas a través de este fraude son cuentas de nómina a través de 8 empresas, en donde los representantes acudieron para darlos de alta.
Las empresas se encuentran tanto en la Ciudad de México, el estado de Jalisco, Hidalgo, Yucatán y Nuevo León, algunas de ellas no existen, otras cuentan con poca información y hay dos que brindan sus servicios a Gobierno federal o estatal y una más que buscó ser proveedor del SAT.
Las empresas son Grupo Jolies ADG, de la Delegación Cuauhtémoc, Transportes Soval, de Santa Catarina NL, estas dos no se tiene rastro de ellas, también se encuentra Prosycca, de los Álamos en Mérida, Yucatán, y su principal cliente es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Desarrollos y Proyectos en Internet, en Ecatepec, con poca información de ella.
También se tiene Security Private Tecno Lion de Hidalgo, con poca información, Reocsa en el Salto Jalisco, proveedores del estado de Jalisco, Centyr, en Magdalena Contreras del DF, que es un centro de terapia y por último la empresa Accenture, esta última buscó ser proveedor del SAT, pero la Auditoría Superior de la Federación lo evitó al sobrepasar por 42 mil 399 millones de pesos el proyecto.
Dentro de las nóminas de estas empresas se encontraban las personas que fueron defraudadas con cifras de más de 180 mil pesos, por lo que el gestor social señaló que en dónde quedó ese dinero, quien lo recibió, si las empresas fueron involucradas o participaron en el fraude.
Señaló que ante esta situación pedirá la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la misma Auditoría Superior de la Federación para que investiguen dónde quedó ese dinero y si se utilizó con fines políticos.
En cuanto a las personas afectadas, con esto aseguró que no serán sujetos a alguna acción por parte del SAT, ya que con la intervención de la Prodecon y la Condusef, se determinó que ellos fueron víctimas de robo de identidad y que no aperturaron ninguna cuenta.
