Torreón, Coah. El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, pidió a los diputados federales del PRI revisar a detalle la iniciativa de reforma eléctrica que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y evitar ser “cómplices” de una reforma “retrógrada” y “a todas luce inservible”.
Dijo que coincidió con los diputados federales del PRI por Torreón, Shamir Fernández Hernández y Antonio Gutiérrez Jardón. “Les pedí que no fueran cómplices, que estudiaran perfectamente qué beneficia y qué perjudica a Coahuila de la reforma”. El mismo planteamiento lo hizo a los otros legisladores, por teléfono.
“No podemos caer en el anzuelo del carbón para justificar una reforma retrógrada, porque puede ser para nosotros tentador que echen a andar nuestras carboelétricas al cien por ciento y sigamos vendiendo carbón, que es parte de nuestra economía, pero Coahuila llevaba un rumbo muy claro en relación a la protección del medio ambiente y en los tratados internacionales a los cuales México hizo compromisos”, sostuvo.
Pidió a los legisladores de su partido irse con cuidado, pues “esta iniciativa carece de toda racionalidad económica, social y ambiental. Hay qué dejarlo claro. Compromete, por consiguiente, la capacidad y crecimiento del país y el bienestar de todos sus habitantes. Significa un retroceso en cuanto va en contra de las tendencias mundiales en materia de generación de energía eléctrica, no tiene visión de futuro, recurre más bien a una visión del pasado, caracterizado por un sector eléctrico estatizado que demostró su disfuncionalidad e ineficiencia en apagones, altos costos de la generación de energía y en la falta de inversión”.
Consideró que la propuesta del gobierno federal “orienta a fortalecer a la CFE como monopolio; aunque se reserva 56 por ciento en la generación de energía eléctrica, se plantea la posibilidad de que adquiera bajo ciertas condiciones, el porcentaje correspondiente a los particulares. La CFE también tendría facultades para determinar las tarifas, decidir el despacho de la energía eléctrica y otorgar permisos de generación; es como si la CFE se fuera a regular así misma, es lo que plantea la reforma”.
También reprobó la propuesta al considerar que “los mayores costos (de producción) de la CFE darían lugar a tarifas más elevadas, o a mayores subsidios, y los ciudadanos y las empresas se verían afectados vía el recibo de luz, o los impuestos. También, se podría tener lugar a recortes presupuestales en otros sectores, como ha estado sucediendo en los de educación y salud y consecuencias serían también la elevación de tarifas a un impacto directo a la competitividad de la industria, de las empresas”.
De entrada, añadió, “la iniciativa pretende revivir a cualquier costo un modelo del sector energético a todas luces inservible, que en las circunstancias actuales del país y del mundo, ese costo también incluye exacerbar la creciente y peligrosa dependencia del gas importado, los riesgos para nuestra seguridad energética de largo plazo, la asignación masiva de recursos a proyectos de muy cuestionada rentabilidad, los severos daños al medio ambiente por la quema de combustibles fósiles y el deterioro de las perspectivas de crecimiento, además del freno a las regiones del país con gran potencial energético por sus grandes recursos eólicos y fotovoltáicos, y, como el nuestro, sustanciales reservas de gas natural. En suma, esta iniciativa no busca el progreso de México, ni la sostenibilidad de su crecimiento, ni tampoco el impacto en el bienestar de sus habitantes”.