El desalojo que se registró hace unos días en el municipio de Frontera está dentro de la legalidad, porque la casa donde vivía “Doña Clarita” está a nombre de su hija María Elena Limón Zamora quien junto con otras personas accedió a un crédito grupal con la Financiera Pro Apoyo y nunca pagaron.
El abogado Jorge Antonio Ramírez Alonso explicó lo anterior tras señalar que él mismo acudió al lugar una vez que desalojaron a la señora de la vivienda, luego que algunos vecinos le llamaron, “no pude ver el expediente, no lo tenían, pero de acuerdo a lo que explicaron sí hubo anteriormente notificación de desalojo, en agosto del año pasado”.
Es por ello, que advirtió a los ciudadanos a tener mucho cuidado cuando acceden a este tipo de créditos grupales y los créditos que se hacen directos con financieras.
Lo anterior, debido a que el proceso legal se sigue aun siendo crédito grupal en contra de una persona y siempre se van contra quien consideran más viable para responder a la deuda, como en este caso.
Y aunque reconoce que María Elena Limón pidió su crédito con un grupo de conocidas y antepuso la escritura de otra propiedad, ella aparece como propietaria de la Privada Marfil 575 de la colonia Occidental y el proceso legal en su contra no precisamente se señala el bien antepuesto, sino cualquier propiedad que esté a su nombre.
Sobre el cuestionamiento de que por qué con ella si había más personas en el crédito grupal, “el abogado del pueblo” comentó que las Financieras siempre se dirigen a quien les garantice la restitución del faltante.
Por ello, avala la versión que trascendió de los involucrados en torno a que incluso las personas que solicitaron el crédito deberán pagar también por el préstamo que recibió una de las involucradas y que falleció.
Asimismo, mencionó que de acuerdo a lo que alcanzó a revisar el caso judicial se realizó desde Monterrey Nuevo León e inició en el 2017 y el desalojo se desarrolló con el apoyo del Juzgado de la localidad.
