Se han ventilado documentos y facturas sobre un presunto saqueo de bienes de Altos Hornos de México (AHMSA) por un monto millonario, tanto en dólares como en pesos. La situación, que involucra presuntamente a autoridades de la empresa, ya ha sido denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR).
A través de documentos recibidos a periódico La Voz Monclova, se ha expuesto lo que parece ser un esquema de corrupción y saqueo sistemático dentro de la empresa.
"Aquí están las pruebas del saqueo sistemático que están haciendo", se lee en un mensaje acompañado de las pruebas, que detallan irregularidades que no sólo afectan a la compañía, sino también a sus miles de ex empleados.
Según la documentación, se han otorgado contratos y convenios para pagos de sueldos por mas de 4.885 millones de dólares a John C. Abbott por concepto de servicios de consultoría y servicios profesionales, con fechas que van desde enero del 2022 a agosto del 2024.
Uno de los aspectos más llamativos es la facturación de vehículos como parte del pago de sueldos. Además, la Dirección de Recursos Humanos ha entregado sueldos y prestaciones a un grupo selecto de allegados incondicionales, dejando al descubierto la falta de transparencia y el uso indebido de los recursos de la empresa.
Entre las denuncias también se sugiere que se investigue el posible saqueo de un fideicomiso destinado al pago de sueldos y prestaciones.
La denuncia acusa al síndico, Lic. Víctor Manuel Aguilera Gómez, de ser cómplice de estos actos, al tiempo que se le señala por predicar "honradez y transparencia", pero al parecer ha hecho caso omiso a las dificultades económicas que enfrentan los 17 mil obreros y empleados de AHMSA, así como los contratistas y proveedores que han perdido casi todo su patrimonio debido a la mala gestión.
Las pruebas documentales también señalan la venta de propiedades muebles e inmuebles de la empresa AHMSA y Minera del Norte, entre ellas casas, ranchos, aviones y vehículos, así como toneladas de carbón, chatarra y estaño reportado como robado.
Estos bienes habrían sido vendidos para financiar sueldos, prestaciones millonarias y pagos a los despachos de asesores como Jorge Bojalil, Nader Hayavy (abogado de la Ciudad de México) y Jaime R. Guerra González (despacho jurídico de Monterrey).