Las personas que fueron involucradas en el desfalco de Altos Hornos de México se podrían enfrentar a un nuevo delito al incurrir en emisión de facturas falsas, para simulación de sus actividades, un tema que está tipificado penalmente en México desde enero del 2020 y que se equipara como delincuencia organizada, con una sanción de 2 a 9 años de prisión.
Aún no se ha establecido la participación de las más de 20 personas que aparecieron como prestadores de servicios externos de la empresa, y ya sea como personas físicas, o a través de una empresa se contribuyó en el desfalco de los más de 250 millones de pesos en contra de la empresa.
Se ha señalado que las personas que fueron señaladas como participantes del desfalco, al participar como presta nombres o simuladores de servicios, podrían ser víctimas de robo de identidad al no reconocer su actividad de la empresa, pero este es un tema que definirán las autoridades.
Sin embargo, las personas involucradas no necesariamente participaron por medio de una empresa constituida, sino más bien como personas físicas, con negocios pequeños, a través de los que se emitieron facturas de manera constante, que permitieron la fuga de dinero sin que fuera detectado.
Esto a través de compras sin licitación, asignadas de una manera directa por el ex director corporativo de Recursos Humanos y el subgerente, quienes tejieron la red de corrupción en la empresa.
Pero la emisión de estas facturas, incurre en el delito de delincuencia organizada por compra y venta de facturas que amparan operaciones fiscales inexistentes, un delito que fue tipificado en el código penal y que entró en vigor a partir de enero del 2020.
La ley establece que se sancionará a las personas que incurran en este delito con una pena de 2 a 9 años de prisión, a quien expida, enajene, compre o adquiera, comprobantes fiscales, que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
