Madrid España.- Alonso Ancira, presidente de AHMSA, llegó a las dependencias judiciales en un vehículo de la policía secreta española, custodiado por cuatro agentes, Al bajarse del coche-patrulla, saludó a su abogado, Ismael Oliver, y mirando a los fotógrafos que se encontraban ahí les dijo con una sonrisa: “Estoy contento”.
De inmediato fue llevado a los calabozos de los juzgados, donde esperó alrededor de dos horas, hasta que se realizó el interrogatorio a través de videoconferencia.
Correspondió el caso al Juzgado número 1 de la Audiencia Nacional, que preside el juez Santiago Pedraz. Durante la comparecencia, la Fiscalía expuso los argumentos para su detención y extradición a México, al sostener que está acusado de delitos de blanqueo de capitales y de grave daño patrimonial a Pemex por la compra-venta de la petroquímica Agro Nitrogenados, una empresa obsoleta y en desuso que la empresa del Estado compró por 500 millones de dólares.
El juez Pedraz tendrá que decidir ahora si decreta la libertad con medidas cautelares o si, por el contrario, ordena la prisión provisional mientras se resuelve el proceso de extradición, que podría demorarse varios meses.
A su salida de las dependencias judiciales, el abogado de Ancira, Ismael Oliver, acusó al Presidente López Obrador de orquestar una “vendetta” contra su defendido, por una mera “motivación política”.
Oliver explicó que “al señor Ancira se le acusa de que, fruto de esa compra-venta que se hizo en México, él compró unos condominios. Resulta que el señor Ancira no ha comprada nada en los últimos diez años en México, que no tiene poderes para hacer esas operaciones en AHMSA, pues él sólo es el presidente ejecutivo, pero no puede firmar cheques ni hacer transferencias. Es decir que estamos hablando de una operación en la que él no habría podido intervenir, en el caso de que fuera una operación sospechosa, si lo fuera”.
Y añadió que la compra en cuestión “es una operación que ha pasado todos los controles de auditoría tanto de Pemex como de AHMSA”.
“Pero lo que ocurre es que hace un año y medio o dos, el actual presidente y entonces candidato (López Obrador) sospechaba de estas operaciones y anunciaba lo que ha ocurrido ahora, que es que iban a girar órdenes de detención”, agregó el abogado.
“Con la información que ha otorgado México y como le hecho saber al juez Pedraz, es casi un insulto y un atropello intentar meter a una persona de 67 años a la cárcel durante más de 40 días, cuando no hay argumentos y técnicamente no se dan las circunstancias de una extradición pasiva. Es una vendetta por motivos políticos”, remató.
