Denuncian fraude en la venta de una casa habitación de la colonia Guadalupe; el comprador pagó más de 8 millones de pesos a María Esperanza Ramos Dávila, dueña del inmueble, quien después de haber recibido esa suma de dinero promovió una demanda por incumplimiento de contrato.
El representante legal de la empresa Diseñadores de Ingeniería y Construcción del Noreste S.A. (DICONSA), Mario Antonio Limón Regalado, denunció las presuntas irregularidades en un contrato de compraventa celebrado en el 2021.
Explicó que el 10 de septiembre de 2021, DICONSA suscribió un contrato privado de compraventa con María Esperanza, relacionado con un inmueble ubicado en la calle Washington, colonia Guadalupe.
La propiedad fue adquirida por un valor pactado de poco más de 8 millones de pesos, con un anticipo y 18 mensualidades de 350 mil pesos cada una.
El abogado detalló que el contrato fue formalizado ante el notario público Julián Márquez Abundis, sin la supervisión de los representantes legales principales de DICONSA, según Limón, este hecho derivó en una serie de irregularidades que afectan la validez del acuerdo.
Una de las principales anomalías señaladas es que el inmueble en cuestión estaba inscrito bajo el régimen de patrimonio familiar, lo que lo hace inalienable e imprescriptible según la legislación civil del estado de Coahuila.
"Un bien protegido como patrimonio familiar está fuera del comercio, lo que imposibilita su venta o transferencia. Esto no fue informado al representante legal que firmó el contrato, Óscar Eduardo Leobardo Fuentes Rivas", mencionó el abogado.
Limón Regalado afirmó que, pese a que el notario y la vendedora estaban al tanto de esta situación, no se comunicó adecuadamente al firmante del contrato. "Esta falta de información constituye una grave omisión, ya que ni el notario ni la parte vendedora advirtieron que el inmueble no podía ser vendido debido a su situación jurídica", señaló.
El representante de DICONSA sostuvo que, de haber estado presentes en el proceso los principales asesores legales de la empresa, este contrato no habría sido celebrado en las condiciones descritas. "De haberse notificado oportunamente la condición jurídica del inmueble, hubiéramos prevenido a nuestro representante legal de formalizar un acuerdo que desde un principio era inválido por su naturaleza jurídica".
Además, destacó que la situación fue agravada por la falta de diligencia en los actos notariales. "El contrato privado no era el instrumento adecuado debido a la cuantía del inmueble, y menos cuando existía una restricción legal tan clara como el régimen de patrimonio familiar", explicó Limón Regalado.
La empresa ha decidido llevar el caso ante la Fiscalía del Estado y el Centro de Justicia Penal, buscando que se aclaren las responsabilidades de cada parte involucrada. Limón Regalado aseguró que se presentarán todas las pruebas necesarias para demostrar las irregularidades cometidas en la operación.
"Estamos comprometidos en defender los intereses de DICONSA y en esclarecer este caso que no solo afecta a nuestra empresa, sino que pone de manifiesto posibles fallas en los procesos legales que deben proteger a todos los ciudadanos", concluyó.
La empresa señaló que continuará informando sobre los avances del caso mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
