El cierre de la oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) causó inconformidad entre los monclovenses quienes se cuestionaron quien hará valer sus derechos como consumidores, pero también hay quienes mencionaron que esto no afecta en nada pues de todas formas nunca se daba seguimiento a sus denuncias.
José Balderas Medina.
Desde el pasado jueves la oficina de la Profeco fue desalojada, ahí se instaló el personal del departamento municipal de Educación, mientras que expedientes, equipo, mobiliario y equipo de Profeco fueron colocados en una oficina menor, que permanecerá cerrada.
“Se está acomodando todo, el señor presidente López Obrador debe tener alguna estrategia, creo que había puro sinvergüenza en esa dependencia, está bien que hayan cerrado ni arreglaban nada”, comentó José Balderas Medina.
“El sistema estaba muy corrompido, deben tener ahí su gente de confianza, el presidente de la república está trabajando al 100 y él sabe qué hace y porque lo hace”, comentó Roberto Hernández quien dijo que confía que no se desampara al consumidor.
Daniel López, mencionó que de nada servía la dependencia ubicada en la Zona Centro de Monclova, indicó que en la misma situación se encuentra la oficina de Derechos Humanos en donde solo le hacen un oficio y no procede nada.
Roberto Hernández.
“Son dependencias que deben brindar atención a la ciudadanía, luego quien atenderá los problemas comerciales, si funcionaba y es completamente necesaria, una vez un consumidor me denunció y yo demostré que él estaba equivocado, la dependencia me dio la razón”, señaló Mario Armendaríz Martínez.
Hugo Flores Escalera, mencionó que Profeco tenía la facultad de sancionar a quienes, según sus criterios, hayan atentado contra los derechos de los consumidores, sanción que es tarea propia del Poder Judicial, no del Ejecutivo, y la Profeco es un organismo público descentralizado de la Secretaría de Economía, que forma parte del Poder Ejecutivo Federal.
“La Profeco realizaba tareas propias del Poder Judicial, si un ofertante viola derechos contractuales de los demandantes comete una injusticia debiendo ser sancionado, sanción que debe determinar y aplicar, no el Poder Ejecutivo, sino el Judicial”, comentó.
