Castaños, Coah.– Ejidatarios del ejido Providencia denunciaron el presunto desvío de recursos, falta de transparencia y violaciones a sus derechos por parte de la mesa directiva ejidal, encabezada por Rosa Álvarez Flores, tras el reparto de más de 22 millones de pesos provenientes de una indemnización gubernamental.
Los ejidatarios José Manuel González Lugo y Ubaldo Joel Riojas, quienes acreditan títulos de propiedad desde hace más de 30 años, señalaron que en febrero de 2025 el gobierno otorgó una indemnización de 22.6 millones de pesos al ejido, como resolución a una vieja disputa territorial con el Ejido San Francisco.
Según relataron, el recurso fue negociado por una comisión integrada por Mario Sánchez Cruz y Eliazar Cruz Contreras, este último tesorero, quienes hasta la fecha no han transparentado el uso ni el reparto del dinero.
"Nos dijeron que el cheque fue depositado en un banco, pero nunca especificaron en cuál. Aseguran que se pagaron 2 millones a personal de la Procuraduría y 6 millones más a tres abogados, pero no presentaron un solo recibo ni contrato", denunciaron.
De los 22.6 millones, aseguran que sólo 14.6 millones se destinarían para los 57 ejidatarios registrados, lo que daría un estimado de 250 mil pesos por persona. Sin embargo, se les informó que ellos sólo recibirán 125 mil pesos, ya que la otra mitad corresponde "al ejidatario original", aún cuando ellos cuentan con títulos formalmente adquiridos hace décadas.
La situación ha desatado inconformidad entre varios miembros del núcleo agrario, quienes acusan que la asamblea presentó cifras sin respaldo documental, únicamente en hojas sin membrete ni firma oficial. Además, sostienen que la mesa directiva está conformada en su mayoría por familiares, lo que ha generado suspicacias sobre posibles manejos discrecionales del dinero.
Intentaron denunciar penalmente los hechos por el delito de robo, pero la Fiscalía de Justicia se declaró incompetente por tratarse de un asunto ejidal. En contraste, el Tribunal Agrario consideró que se trata de un delito del fuero común, empantanando así cualquier vía legal.
"Nos enfrentamos a un limbo legal que impide actuar. Nadie quiere hacerse responsable, mientras aquí hay dinero público en juego y una comunidad fracturada", lamentaron.
Los ejidatarios hicieron un llamado público a las autoridades estatales y federales para intervenir como mediadores y evitar una escalada de tensiones. Aseguran que han sido intimidados por personas externas cuando cuestionan el manejo del dinero.
"Queremos que se nos respete como propietarios y se nos entregue lo justo. No pedimos más, solo claridad y legalidad", enfatizaron.
