Miguel Mery Ayup, Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, dijo que la Reforma al Poder Judicial genera dudas por su implementación y alto costo.
En un movimiento histórico para el estado de Coahuila, la reforma trascendental impactará directamente en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial. A través de esta iniciativa, se buscará elegir a jueces y magistrados mediante voto directo, un proceso inédito que ha generado tanto expectativas como incertidumbre.
La reforma, que pretende dividir la administración del Poder Judicial en tres esferas —judicial, administrativa y disciplinaria—, establece un plazo de 180 días para que las disposiciones federales se ajusten a las locales. Además, se impulsará la creación de una nueva ley orgánica que regule el funcionamiento de estas instituciones a nivel estatal.
Entre los objetivos más destacados de esta iniciativa se encuentra la elección de alrededor de 24 magistrados y 110 jueces, garantizando una paridad de género en los nombramientos. No obstante, a pesar de que esta reforma busca modernizar y democratizar el Poder Judicial, ha surgido una preocupación clave: los riesgos y desafíos de este modelo electoral.
Expertos advierten que, si bien la elección por voto directo podría acercar el Poder Judicial a la ciudadanía, existen serios cuestionamientos sobre la idoneidad de los candidatos seleccionados mediante este proceso. La falta de experiencia judicial de los aspirantes es uno de los puntos críticos, lo que podría afectar la calidad y autonomía de las resoluciones emitidas.
Además, se estima que la implementación de esta reforma tendrá un costo significativo, calculado en aproximadamente 7000 millones de pesos a nivel nacional. Esta inversión ha levantado preguntas sobre la viabilidad económica del proyecto, especialmente en un contexto donde los recursos públicos están bajo una fuerte presión.
Este ambicioso proyecto se perfila como uno de los cambios más importantes en el ámbito judicial del país, pero también plantea dudas que deberán resolverse en los próximos meses. En particular, se espera que las autoridades aclaren cómo se llevará a cabo la elección de jueces y magistrados sin comprometer la calidad y transparencia del sistema judicial.
