Un funcionario de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se vendió para defender a Ricardo N quien quedó en libertad por unanimidad de tres jueces, esto tras ser acusado de abuso sexual en contra de su hijastra, todo lo hizo a escondidas del Estado por lo que al interponer la denuncia por esto, se le obligó a renunciar, los jueces sabían lo que hacían. Es el caso del hombre que enfrentó un proceso penal por el delito de abuso sexual contra su hijastra y que tras el juicio oral quedó en libertad porque los jueces consideraron que aunque las pruebas eran contundentes y creían en la declaración de la niña, había algunas inconsistencias y en su función de hacer cumplir la ley, lo dejaron libre.
Juanita Olalde; doctora en derecho y asesora de Norma Leticia Romo Rangel quien es la abuela de la víctima, explicó que en el juicio la defensa de Ricardo N, utilizó un perito que analizó los peritajes que hizo el Estado y este determinó que están mal, que según él no se hizo lo correspondiente.
Dijo que el juez presidente Reynold Elguezabal Dávila y la defensa del imputado, impidieron que el perito de nombre Edwin Arturo dijera que trabajaba para el Estado, solo dijo que es asesor jurídico victimal.
Después se enteraron que trabajaba en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), es como la oficina de los asesores jurídicos, el CEAV se dedica a representar, asesorar y proteger a víctimas con apego a sus derechos durante el procedimiento penal.
Al enterarse, presentaron una queja que se entregó al (CEAV) junto con el video en el que se comprueba que el funcionario participó en el juicio y se acredita que nunca dijo que trabajaba para la institución pública.
Se pidió que se le destituyera, que lo inhabilitaran en el Estado y también que se le obligara a reparar las violaciones de los derechos humanos de la menor pues él como funcionario público emitió un dictamen, no fundamentado, en contra del Estado.
Tras la denuncia, se avisó a la parte afectada que la persona renunció el mismo día, unas horas después de que que se presentó la queja.
También tienen conocimiento de que Reynold Elguezabal, Roberto García y Oscar Tercero Cadena, los tres jueces de ese juicio en el que por unanimidad dejaron libre al abusador, sabían que él era un servidor público en ejercicio de sus funciones en ese momento y no dijeron nada al respecto.
