Pese a la sentencia judicial, Rubí Carrizales, sentenciada por los delitos de homicidio culposo, lesiones y daños, tiene autorización para acudir a su baile de graduación hoy viernes. Esta decisión ha desatado controversia y ha causado indignación entre los afectados por el trágico accidente que la involucró.
La defensa legal de Carrizales solicitó formalmente al Juez Oscar Cadena García un permiso especial para que su clienta pudiera asistir a la fiesta de graduación, esto fue el pasado 7 de octubre para que pueda salir hoy viernes 11 desde las 21:00 hasta las 02:40 horas del sábado 12 en una instalación de la colonia El Pueblo.
Dicho cambio de la medida cautelar fue notificado a la Unidad de Medidas Cautelares de la Región Centro con el fin de que no tenga problema ante la justicia.
Aunque fue sentenciada a libertad con el brazalete electrónico el 21 de enero del 2024, la autorización para asistir a su evento social pone en evidencia una aparente laxitud en el cumplimiento de las medidas cautelares.
Además, la imputada se niega a pagar la cuota de 8 mil 500 pesos por concepto del mantenimiento que requieren las autoridades judiciales por este aparato.
Sin embargo, la autorización judicial ha provocado una ola de críticas, especialmente entre los familiares de las víctimas del accidente. Laura Vielma, madre de Camila, una de las víctimas fatales del siniestro ocurrido en 2021, expresó su profundo desacuerdo con la decisión.
"Lamentablemente, la justicia sigue sin llegar. Parece que algunos siguen haciendo lo que quieren, sin importar el sufrimiento de las víctimas", declaró.
El accidente, que dejó varias personas sin vida ocurrió cuando Carrizales perdió el control de su vehículo en un hecho que, según las investigaciones, estuvo marcado por imprudencia al volante y excesos.
El permiso otorgado a Carrizales se da en un contexto donde las víctimas, y la sociedad en general, claman por un proceso judicial más riguroso y menos indulgente con aquellos que, a su juicio, se benefician de una justicia aparentemente permisiva.
Este permiso ha abierto el debate sobre la eficacia del sistema judicial y la vulnerabilidad de las víctimas en casos de alto perfil.
