Al término de la audiencia en la que se resolvió imponer un brazalete electrónico a Clarisa N, acusada de un presunto robo de 1.5 millones de pesos en un hotel de esta ciudad, su defensor, el abogado Armando Hernández Molina, ofreció una entrevista en la que denunció irregularidades en el proceso penal y cuestionó el origen del dinero presuntamente sustraído.
"Fue un extenso debate. Afortunadamente se logró que Clarisa no fuera enviada a prisión, aunque el juez decidió imponerle un brazalete electrónico, pese a que no había elementos suficientes para esa medida", señaló el abogado.
Hernández Molina criticó la celeridad con la que avanzó la investigación en contra de su clienta y otra trabajadora del hotel, ambas empleadas del área de intendencia. "Nunca se había visto tanta agilidad para tratar de meter a alguien a la cárcel. Esto parece responder a intereses ocultos. La averiguación fue muy rápida, y los testigos no son de aquí. Incluso no está claro si ese dinero existió realmente", enfatizó.
Cuestionó también la versión de la parte acusadora respecto al origen del recurso. "Dicen que el dinero provenía de una compra-venta de terrenos, pero legalmente no se permite manejar ese monto en efectivo. Luego aseguraron que era de la taquilla de un evento en la plaza de toros. Nada es claro. ¿Quién deja 1.5 millones de pesos a la vista? Por tres mil pesos uno se preocupa. Nadie pierde de vista ese dinero, es ilógico lo que pretenden probar".
El abogado afirmó que Clarisa fue detenida sin un procedimiento legal vigente y que durante su detención se vulneraron sus derechos. "Fue levantada ilegalmente. Se violentaron sus garantías dentro de las instalaciones. Esto no se va a dejar pasar por alto", advirtió.
Pese a que Clarisa contaba con un amparo, se le impuso una medida cautelar con brazalete electrónico. "Es la primera vez que se impone este tipo de suspensión provisional en la región, lo cual genera un precedente. Vamos a utilizar todos los mecanismos legales disponibles. Hay tres días para apelar o solicitar otro amparo", señaló.
Finalmente, Hernández Molina acusó una persecución en su contra: "Ya no saben qué hacer. Incluso quieren investigarme a mí por supuestas irregularidades. Lo único que pedimos es que todo se resuelva conforme a derecho, con piso parejo, sin criminalizar a los más desprotegidos".
