Este miércoles, el Pleno del INAI dio revés a las negativas de la FGR en torno a otorgar información relacionada con el acuerdo reparatorio suscrito con Alonso Ancira, ex presidente de Altos Hornos, y las estadísticas relacionadas con la intervención de comunicaciones y causas penales por enriquecimiento ilícito, de los últimos años.
Durante la sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Comisionado Adrián Alcalá, detalló que luego de que una persona pidió diversa información estadística relacionada con el número de solicitudes de intervenciones a comunicaciones privadas, así también como las versiones públicas de dichos requerimientos, tanto de autoridades como a concesionarias de telecomunicaciones en el periodo comprendido de enero del 2018 a diciembre del año 2020.
La Fiscalía se limitó a orientar a la persona a consultar la información que se publica en la Plataforma Nacional de Transparencia en cumplimiento a la obligación de transparencia, en la cual, se destacó que no se puede obtener información de las intervenciones de comunicaciones privadas para extracción y acceso a datos conservados, el número de averiguaciones previas y las carpetas de investigación en las que se han llevado a cabo, mismos que sí fueron solicitados inicialmente por el particular.
Por lo tanto, se dijo, la respuesta de la FGR no guarda congruencia con lo solicitado, en tanto que la Fiscalía no realizó una respuesta adecuada y oportuna, lo que ocasionó que se le fuera ordenada a dicha dependencia modificar la respuesta del sujeto obligado para efecto de que realice una búsqueda exhaustiva de los datos estadísticos solicitados.
Asimismo, el pleno del Inai también ordenó a la FGR dar a conocer el un acuerdo reparatorio suscrito con Alonso Ancira, sobre el caso de Agronitrogenados, ello luego de que una persona solicitará la información y la Fiscalía la negará al señalar que es clasificada como reservada, dado que su publicidad representa un posible riesgo para las estrategias de la investigación correspondiente.
Además de riesgos en la persecución de un delito, la seguridad de las víctimas del servicio público, y la procuración de justicia.
En su análisis el INAI concluyó revocar los argumentos de la FGR, puesto que los datos se pueden entregar en versión pública, testando únicamente los datos que pudieran hacer identificables a personas físicas o morales diversas a las personas imputadas en la carpeta de investigación y causa penal en trámite.
Mientras que se dijo que, en casos emblemáticos, de conocimiento de todo el país, la sociedad necesita seguir estando informada de los procesos que están ocurriendo.
Finalmente también se aprobó el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 5577/21, en contra de la Fiscalía General de la República, con relación a la información pública sobre el delito del enriquecimiento ilícito en todo el país, ello luego de que un particular requirió a la Fiscalía General de la República, información relacionada con las causas penales del delito de enriquecimiento ilícito en el período comprendido entre el 1 y de enero de 2021 y el 1 de marzo de 2021, con este desglose: año, entidad federativa, número de causa penal, nombre de juzgado o tribunal y la entidad federativa donde está, sentido de la sentencia, en qué consistió la sentencia, el nombre del sentenciado, así como la institución a la que pertenecía y el cargo que tenía la persona servidora pública.
En respuesta, la FGR manifestó la inexistencia de la información, en contra de lo cual se interpuso el recurso de revisión. Por lo anterior, el INAI ordenó buscar la información y publicitarla puesto que para prevenir, identificar y, en su caso, sancionar el delito que he comentado, así como los actos de corrupción en los que pudieran incurrir las y los servidores públicos, es fundamental garantizar la máxima publicidad de la información pues ello nos permitirá dimensionar el problema, conocer los avances, detectar o advertir irregularidades y encontrar nuevos enfoques para diseñar políticas públicas más eficientes.
