Los gobiernos del Estado y la Federación deben tener un plan “B” para apoyar a las empresas de la zona fronteriza que estén en problemas por el aumento al salario mínimo que decretó la federación y que a partir del primero de enero se estableció en 176 pesos diarios.
Así lo consideró la diputada local Gabriela Garza Galván presidenta de la comisión de Asuntos Fronterizos en el Congreso del Estado.
Destacó que aún no han analizado el impacto que puede representar esta disposición federal en torno a salarios mínimos en la zona fronteriza del país, en el cual Coahuila tiene dos municipios, Piedras Negras y Acuña.
Pero aunado al aumento del salario mínimo, se registrará también la disminución del IVA –Impuesto del Valor Agregado- y el ISR –Impuesto Sobre la Renta-, así que la legisladora consideró no será mucho el impacto económico que se tenga en ambos conceptos.
Aunque destacó que en caso de que alguna empresa resienta deficiencias económicas, es necesario que el gobierno del estado y el gobierno federal, tengan programas diseñados este año para apoyarlos y evitar la pérdida económica.
Mientras que en el caso de los trabajadores, dijo que sin duda alguna será de gran beneficio el aumento del cien por ciento a su salario mínimo y aunque esto es una gran ventaja, la legisladora dijo que sigue siendo no suficiente para las necesidades de las familias.
Sin embargo, consideró que esto es un buen inicio como para poder ir marcando competitividad los municipios de la frontera con Estados Unidos en cuestión de empleos y nivel de vida.
