Saltillo, Coah.- El Congreso del Estado dio entrada a una iniciativa en materia de interrupción legal del embarazo y derechos reproductivos y sexuales de la mujer, presentada por la Diputada perredista Claudia Isela Ramírez Pineda.
Ante reclamos de algunas personas que estuvieron presentes en la sesión y no aceptaban la propuesta, ésta fue turnada a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su análisis.
La bancada del PAN solicitó a la diputada incluir en su propuesta las alternativas que se tienen en la materia para no llegar a la interrupción del embarazo y destacó el derecho del feto de continuar viviendo; los diputados Fernando Izaguirre y Juan Carlos Guerra López, destacaron que existen acuerdos internacionales que privilegian el derecho a la vida, además de estudios científicos que prueban que existe un ser humano desde el momento de la concepción; por lo que contradecirlo sería llevar a cabo un asesinato.
El diputado por Morena Benito Ramírez se pronunció porque se soliciten programas públicos de orientación a los jóvenes y se tome en consideración que existen parejas que no pueden tener hijos y que pueden ser una alternativa de vida para quienes deseen abortar.
La propuesta pretende reformar los artículos 195 y 196 del Código Penal del Estado de Coahuila para que los efectos penales del acto se reserven a aquellos que realicen la interrupción del embarazo sin el consentimiento expreso de la mujer, además de que permanece la sanción a todos los participantes siempre y cuando se proceda después de las doce semanas de gestación.
También contemplan reformas a los artículos 1º, 4º fracción I, y 15 fracción I de la Ley de Protección de la Maternidad para que se asegure la observancia y protección de los derechos reproductivos y sexuales de la mujer embarazada, incluyendo el de “resguardar su salud, la del producto en gestación y la infancia temprana, así como garantizar su derecho a interrumpir el embarazo si así lo desea conforme a las normas aplicables”.
También se destaca la obligación de las instituciones públicas de salud del Gobierno Estatal para proceder a la interrupción del embarazo, en forma gratuita y en condiciones de calidad, en los supuestos permitidos en el Código Penal, así como en los casos donde exista consentimiento expreso, libre e informado de la mujer hasta la semana décimo segunda.
De igual forma la obligación de proporcionar servicios de consejería médica y social con información veraz y oportuna de otras opciones con que cuentan las mujeres además de la interrupción legal del embarazo, tales como la adopción o los programas sociales de apoyo, así como las posibles consecuencias en su salud.
