Familiares, amigos y vecinos de Clarisa N se manifestaron este jueves en el exterior del Centro de Justicia Penal en Frontera, en demanda de justicia y en protesta por lo que consideran una investigación deficiente y violaciones a los derechos humanos de la acusada, señalada por su presunta participación en el robo de 1.5 millones de pesos en un hotel local.
La protesta se llevó a cabo antes y después de la audiencia en la que Clarisa N enfrentó imputaciones junto con otra trabajadora del mismo establecimiento, ambas señaladas como responsables del millonario hurto cometido entre el 5 y 6 de julio de 2025.
Jairo Aguilar Calderón, hijo de la imputada, declaró ante los medios de comunicación que su madre es inocente y denunció presuntos abusos cometidos por elementos ministeriales al momento de su detención. "La levantaron, se la llevaron al Ministerio Público, la hincaron, le pusieron una bolsa en la cabeza, la esposaron, y nadie nos dio razón de ella. ¿Qué está pasando con la autoridad?", cuestionó visiblemente afectado.
Aguilar aseguró que su madre, de 54 años y con diagnóstico de diabetes, ha trabajado de manera honrada por más de seis años en el hotel y es conocida por su responsabilidad y compromiso. "No tiene antecedentes, no se mete en problemas. Toda su vida ha sacado adelante sola a sus seis hijos tras quedar viuda. Lo que quieren es un culpable, pero mi madre no lo es", insistió.
El joven denunció que su familia ha sido víctima de hostigamiento por parte de elementos de la Fiscalía y reclamó que, pese a que se afirma contar con pruebas sólidas en contra de las afanadoras, estas no han sido mostradas públicamente. "Dicen que tienen todo, pero ojalá enseñaran esas pruebas al público. En el hotel hay cámaras por todos lados, ¿por qué no muestran los videos?", expresó.
Mencionaron que existe una asesoría legal de personal legal del propio hotel para su madre.
Solicitan una investigación objetiva, clara y sin prejuicios, y demandan que se respeten los derechos de Clarisa N durante todo el procedimiento. La Fiscalía General del Estado no ha emitido hasta el momento una postura oficial respecto a las acusaciones de abuso y la exigencia de transparencia por parte de la familia.
