Un total de 15 ex trabajadores de Grupo Senda se manifestaron en el exterior de la Central de Autobuses de la calle Carranza, fueron despedidos injustificadamente, no se les pagó la última semana y para obtener la prestación del ahorro les pusieron como condición que firmaran la renuncia voluntariamente.
Con pancartas, cubrebocas, guantes, tomando distancia entre ellos y siendo asesorados legalmente por un abogado, los ex trabajadores mencionaron que fue el 5 de abril cuando les notificaron que estaban dados de baja y no les dieron ninguna explicación.
Está el caso de Cuitláhuac Ortega Zavala de 42 años, él tenía18 años trabajando para esta empresa en el taller, es mecánico y justo cuando más necesitaba el respaldo de su empresa en esta contingencia, lo despidieron.
No les dieron terminación y el ahorro solo a cambio de firmar la renuncia voluntaria.
“Como podemos salimos adelante, ya voy para un mes de desempleado, tenía un poco de ahorro pero ya se me terminó, todos tenemos una familia que mantener, ojalá que nos resuelvan pronto”, comentó.
Otro caso es el de Eloísa Hernández, ella era aseadora tenía apenas un año, dijo que espera llegar a una cuerdo porque será muy difícil encontrar empleo en estos tiempos debido a la contingencia.
Lo que piden es una terminación justa al 100%, argumentaron que Grupo Senda no puede ser una empresa socialmente responsable con la comunidad, pues no lo es con sus trabajadores.
Mencionaron que la empresa chantajeó a los trabajadores, el ahorro es una prestación de ellos, la empresa les dijo que se les entregaría el ahorro pero a cambio tenían que firmar la renuncia voluntaria y nadie accedió pues la mayoría de los trabajadores tienen una antigüedad de 10 años, hay operadores de patio, mecánicos, aseadores, pintores y tapiceros, exigen que se les liquide conforme a derecho.
Christian Ponce Ramírez, defensor de los ex trabajadores pidió la intervención de la Secretaría de Trabajo para que exista la justicia laboral, además solicitaron la intervención de Derechos Humanos para investigar a la empresa por haber despedido en un estado crítico.
La Secretaría de Trabajo y Prevención Social a través de un comunicado informó que empresas que despidan a sus trabajadores en contingencia sanitaria serán acreedores a multas y se tomaría como un delito por privar a los trabajadores de sus salarios en un estado de emergencia.
