Tras un punto de acuerdo por parte de Aida Guadalupe García Badilla, Consejero de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila se giró una serie de recomendaciones al Ayuntamiento de Monclova para la restitución del daño a familias que habitan en más de 3 mil viviendas en los sectores como Campanario, Las Misiones y San Miguel por violación a su derecho de tener una vivienda digna.
El procedimiento inició en el 2015, pero fue el pasado 27 de junio que salió la recomendación, no debió tardarse tanto tiempo, el proceso era de por lo menos 5 meses, pero por ocultar información el procedimiento se dilató
Guadalupe García Badilla, Consejero de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila.
Aída García siempre se ha desarrollado en el tema de la parte civil vinculada con trabajo y esfuerzo que se debe hacer en instituciones, es experta en temas como trabajo sexual, VHI, prostitución, uso de drogas inyectables y ahora con el tema de la vivienda.
Fue en el 2015 cuando un grupo de colonos la buscaron para ver el tema de lo que pasa en colonias como El Campanario, Valle de San Miguel y Las Misiones, como consejera de la Comisión de Derechos Humanos lanzó un punto de acuerdo en el que se iba a realizar un proyecto “Fuerza Tarea” a través de este y a petición de afectados podía intervenir.
Vino a Monclova, recorrió zonas de riesgo y vio donde vivían los colonos, iniciaron un procedimiento de queja, sustentado, expediente de personas, actas, acuerdos y bajo esto demandaron al ayuntamiento de Monclova por violación a derechos humanos de 3 mil viviendas, eso por haber otorgado los permisos de construcción sin correspondientes estudios de uso de suelo.
“Ellos estuvieron demandados, tenían que presentar pruebas de que hicieron las cosas bien y nunca aparecieron los estudios técnicos, al final el dictamen determinó que no existen los estudios, que faltan documentos, giraron recomendaciones al Ayuntamiento de Monclova para la restitución del daño de los afectados”, comentó la consejera.
Explicó que hay un daño colectivo que va desde buscar expedientes hasta el sentido de cooperar para empezar a ver cómo y de donde se va a reparar el daño, el procedimiento de queja no está aislado, hay un procedimiento nacional en la CNDH contra el Infonavit donde están los recursos de los derechohabientes.
“El ayuntamiento indiscutiblemente es responsable por haber permitido las licencias de uso de suelo y haber construido ahí, hay muchas ganancias de constructores y más personas”, comentó.
Es una queja colectiva por 3 mil viviendas, más de 12 mil personas afectadas.
Va a llegar un momento en el que ellos tengan que ceder el poder a la organización Frente Ciudadano en Lucha por el Derecho a la Vivienda Digna para demandar a particulares y recuperar esos seguros y muchas cosas que se contemplan.
La demanda será penal, documento donde solicita al Congreso del Estado que haga un llamado a los municipios para que cumplan la recomendación.
“Ahorita me marcó Esteban Martín Blackaller Secretario del Ayuntamiento, me dijo que desde el 24 de junio, la están contestando, el problema no es que acepten la resolución sino como lo resolvemos, si la gente no tiene una vivienda digna, no tiene posibilidades de desarrollo”, señaló.
Dijo que es importante coordinar esfuerzos, sociedad civil, ayuntamiento y gobierno del estado y federal para etiquetar recursos para estudios de obras incluyendo posibles indemnizaciones por vivir en zonas de riesgo para que alguien responda económicamente en casos como este.
