El próximo 26 de julio vence el plazo para que las empresas que laboran bajo el esquema de Outsourcing regularicen su situación, y se contrate de manera formal a los trabajadores, de acuerdo a lo establecido en la Reforma Laboral, o de lo contrario se harán acreedores a multas, e incluso enfrentarían responsabilidades penales.
El Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Monclova, Ricardo Aguirre Cuellar, informó que el 26 de julio, vence el plazo establecido en la ley para la regulación de las empresas Outsourcing.
Con esto, todas las empresas que subcontratan personal para llevar a cabo labores que van directamente con la producción, deberán absorber al personal y contratarlos conforme a la ley, con sueldo y prestaciones.
Con esta reforma se busca la evitar la simulación y que las empresas contraten servicios de terceros, para realizar labores inherentes de la producción, a un menor precio, al otorgar menores salarios a sus trabajadores y sin las prestaciones de ley.
“Lo que se busca es evitar que se disfrace la operación de una empresa, y se opere bajo un esquema que es en perjuicio de trabajadores, por los bajos salarios y falta de prestaciones que se da, lo que se trata que si hay un verdadero Outsourcing, que cumpla con todos los requisitos que establece la ley”.
Únicamente podrán continuar dando sus servicios las empresas que no están relacionadas directamente con la actividad de la empresa, es decir aquellas que prestan servicios como seguridad, limpieza, comedores, por mencionar algunos, así como aquellas especializadas, quienes deberán de cumplir con lo establecido en la ley.
“Una vez que las empresas hagan la sustitución patronal, esas desaparecerán (Outsourcing), las que sigan existiendo y realicen actividades que no son primordiales de la empresa, van a seguir trabajando, pero tendrán que registrarse en la Secretaría del Trabajo a nivel federal y cumplir con una serie de obligaciones”.
No se tiene un listado de las empresas que se encuentran bajo esta modalidad, pero indicó que una vez que concluya el plazo se iniciarán inspecciones en las empresas para evitar que sigan operando y en caso de detectarse se harían acreedores a una sanción, incluso tendrían responsabilidad penal, ya que la simulación está tipificada como un delito.
